El gran reto al 2030, por Marco Kamiya*

Se inicia la década del 2020 y para el 2030 –en tan solo diez años– se deben alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto de 17 objetivos con 169 metas acordado por los países miembros de las Naciones Unidas en el 2015. Los ODS comprenden políticas sociales, climáticas y económicas (como erradicar la pobreza, reducir la desigualdad, ofrecer educación inclusiva, proveer acceso a empleos decentes, entre otros) e incluye entre sus metas lograr ciudades sostenibles (ODS11).

Si bien en el 2015 algunos pensaban que era excesivo dedicar un gran esfuerzo internacional a trabajar en metas consideradas “aspiracionales”, hoy existen mayores coincidencias para enfrentar temas como la equidad, la desigualdad y la pobreza. En la mayoría de los países en desarrollo predomina una economía dual, con una parte de la población cosmopolita que tiene acceso a infraestructura de calidad e información global, y otra sin acceso a servicios básicos, que vive en zonas precarias y con empleos inestables. Más grave aún es el sentimiento de que la desigualdad se vuelve permanente. Un hecho que, sin duda, ha contribuido a las protestas en la región latinoamericana en los últimos meses.

El costo de la infraestructura y la implementación de los ODS en los próximos 10 años se estima, en un reciente análisis de ONU-Hábitat publicado en el Foro Económico Mundial, en US$38 billones (‘trillion’ en inglés, una cifra cercana a dos veces el PBI de Estados Unidos). Sin embargo, los fondos globales disponibles, públicos y privados, alcanzan los US$98 billones; esto es, la suma de capital en bancos comerciales, banca de inversión, seguros, pensiones, fondos soberanos y fondos patrimoniales. De esta cantidad, solo una parte muy pequeña que asciende a US$0,8 billones corresponde a fundaciones y donaciones de países de alto ingreso. En el mundo existe capital disponible, tres veces mayor de lo que se requiere, para financiar la infraestructura y los ODS. Pero, por muchas razones, esos fondos no llegan a los países en desarrollo.

Para enfrentar el tema del financiamiento, Naciones Unidas organizó en el 2015 en Addis Abeba, la capital de Etiopía, la iniciativa Financiamiento para el Desarrollo Sostenible. En el último informe presentado en setiembre del año pasado en Nueva York, se propone que los países adopten políticas integrales de financiamiento que descansen sobre dos pilares: el desarrollo sostenible –reflejado en los ODS–, y la eficiencia y sostenibilidad –logrando el máximo impacto con menores costos–.

Nótese que, si bien se recomienda que la política de gasto público debe atender estrategias sociales, también debe respetar los principios técnicos. El gasto público no es neutral. No es solo un sistema contable donde se debe mantener la disciplina fiscal, sino que puede –y debe– usarse para implementar estrategias sociales como la equidad, el cuidado del medio ambiente o la provisión de servicios básicos. Pero hay que enfatizar que se debe mantener la efectividad y la transparencia financiera, cuidando el equilibrio del gasto con los ingresos, minimizando las deudas y priorizando las inversiones con criterios técnicos antes que políticos.

Diseñar políticas sociales no es fácil. Requiere de capacidad técnica en economía, finanzas y, cuando es aplicado a las ciudades, de la visión urbana en economía espacial, y de instrumentos técnicos con mapas de planificación urbanística, georreferencial y uso de macrodatos (big data). Es muy fácil que un gobierno local irresponsable decida promover obras públicas sin considerar las fuentes financieras, o que en nombre de una mejor planificación urbana se creen empresas de construcción pública en lugar de mejorar las condiciones para la inversión privada, dando paso a grandes distorsiones. Así como las políticas sociales deben tener integrados los costos y la efectividad, también deben respetar los espacios de mercado para que las empresas desarrollen soluciones sostenibles.

Esto constituye un gran reto. Las condiciones en los próximos 10 años son diferentes al período 2005-2015, cuando los anteriores ODS, llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio –que eran menos ambiciosos pero que tenían como meta reducir la pobreza–, debían ser alcanzados. El ascenso de China, con millones saliendo de la indigencia en sus ciudades, y su efecto en los precios y en la demanda de los recursos naturales, y en la inversión directa efectuada en muchos países en desarrollo, contribuyó a reducir considerablemente la pobreza. Hoy, sin embargo, los gobiernos centrales y locales deben atender demandas sociales y, al mismo tiempo, mantener los principios de la ortodoxia financiera en un contexto de limitado crecimiento. El diseño de políticas sociales sostenibles y el apoyo al avance en los ODS son tareas que se deben hacer en la nueva década que comienza.

*Los comentarios del autor no comprometen a la institución.