El pacto digital global y el Perú

Han pasado unas semanas desde que se realizó la Cumbre del Futuro promovida por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y aunque, como se dijo aquí en su momento, el llamado Pacto por el Futuro sigue despertando suspicacias en algunas naciones, no se puede soslayar el esfuerzo global que lo auspicia, al plantear nuevas acciones urgentes para enfrentar mejor los desafíos actuales y futuros.

A diferencia de un tratado, el Pacto del Futuro y sus anexos no crean obligaciones ni son vinculantes para los estados, pero sí recogen acuerdos importantes en cuanto a principios, objetivos y acciones que permitan concretar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Y en particular es muy relevante de ponderar el impacto que puede tener su Pacto Digital Global (PDG) incluido ahí.

El PDG no es el primer documento de Naciones Unidas que aborda las necesidades a escala mundial respecto del entorno digital. Ya la Agenda de Túnez, aprobada hace dos décadas en el marco de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de la Unión Internacional para las Comunicaciones de la ONU (ITU), planteaba muchos de los desafíos que el PDG vuelve a actualizar. Más recientemente, documentos como la recomendación sobre la ética de la IA de Unesco, los principios para la integridad de la información de la ONU o las directrices para la gobernanza de las plataformas de Unesco buscan acercarse a estas problemáticas con enfoques más actuales.

Sin embargo, lo innovador en el caso del PDG es que, aun siendo un instrumento de ‘soft law’, apela a la institucionalidad de los países para fortalecer el ejercicio de la llamada ciudadanía digital global. En ese sentido, la implementación de las acciones definidas en el PDG supone que cada país fortalezca el tejido social vinculado a la digitalización y su aplicación en distintos ámbitos de la vida.

Por ello, hoy más que nunca, se requiere identificar y organizar a todas las organizaciones e instituciones vinculadas con el ejercicio de las capacidades digitales en el país para articular al ecosistema que las sostiene.

En ese sentido, será muy útil identificar cuántas organizaciones existen en el Perú vinculadas al ejercicio de los derechos digitales, cuántas otras están vinculadas con la construcción de nuevas capacidades digitales, y cada vez más saber si en el país ya existen organizaciones civiles interesadas en la promoción de un uso ético de una tecnología tan disruptiva como la IA.

En ese sentido, desde esta columna animo a las distintas organizaciones vinculadas con la implementación del PDG a sumar esfuerzos para lograr que su contenido logre implementarse de manera decidida, a través de la definición de los puntos mínimos que deben tenerse en cuenta respecto a: el cierre de todas las brechas digitales, incluyendo no solo una conexión significativa y accesible, sino también abordando la alfabetización digital y el desarrollo de bienes públicos digitales; la ampliación de la economía digital para todos; el fomento de un espacio digital inclusivo, abierto, seguro y protegido que respete, proteja y promueva los derechos civiles; y la promoción del uso de datos responsable, equitativo e interoperable. Menuda agenda necesita de la colaboración de todo el ecosistema digital peruano al que tenemos que visibilizar lo más pronto posible.