El peligro (tras los 100 días)

El Congreso bicameral tiene dos principales encargos antes del cierre del 2026: la ley de presupuesto 2027 y la ley de minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). Ambas tienen fechas límite: la presupuestal porque el reglamento establece un plazo hasta el 30 de noviembre y la de minería porque en diciembre vence la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

El primer tema ya está encaminado y no habría problema porque los congresistas empezarán a probar la miel que significa gestionar proyectos de inversión y los réditos políticos –y de otra índole– que estos les pueden significar. El problema engorroso pasa por la ley MAPE, en la cual existe un gran signo de interrogación sobre la definición y los plazos para su aprobación.

El panorama es preocupante si tomamos en cuenta que, con la excusa del nuevo proceso legislativo, congresistas de distintas bancadas han deslizado la posibilidad de que se amplíe la vigencia del Reinfo por al menos seis meses a fin de tener más tiempo para debatir la fórmula de la ley MAPE.

Lo que alegan los parlamentarios es que el nuevo flujo para la aprobación de leyes es más lento, y para esto usan de ejemplo la aprobación de la delegación de facultades. Bajo sus propias estimaciones, todo noviembre estará centrado en sacar adelante la ley de presupuesto 2027 –cuya fecha límite es el 30– y recién en diciembre podrían concentrar sus esfuerzos para la ley MAPE. El otro problema, según lo que han deslizado desde las bancadas, es que la legislatura acaba el 15 de diciembre y, al parecer, no están dispuestos a una extensión que los obligue a trabajar durante su primera navidad parlamentaria.

Alargar la vigencia del Reinfo implica extender el manto de impunidad que esto representa para los mineros ilegales que vienen operando en zonas como Pataz, Loreto o Madre de Dios. Lo que pretenden desde el Congreso es permitir que sigan operando en un escenario en el que la atención –entre enero y marzo del 2027– estará enfocada en el fenómeno de El Niño, y cuando estarán asumiendo el poder los nuevos alcaldes y gobernadores, y esto parece ser el combo perfecto para que las operaciones ilegales sigan a toda marcha y sin ningún control.

El Congreso necesita declarar en sesión permanente la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados para establecer un estudio riguroso del proyecto del Ejecutivo. El mismo gobierno, el autor de la iniciativa, debe garantizar que el texto final sea definido en la Cámara Baja, para que el Senado tenga todo diciembre para hacer la revisión y ajustes necesarios, a fin de que se cierre el capítulo del Reinfo antes del 31 de diciembre.

En medio de este debate, se debe hilar fino para no permitir que las bancadas de izquierda –las que llevan a varios representantes de mineros informales– logren infiltrar intereses que lindan con lo ilegal. De no marcar una posición clara respecto a este tema, el 2027 repetiremos el escenario de este 2026, en el que se estima que las exportaciones de oro de origen ilegal superarían por primera vez a la de origen legal.