En mayo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) difundió que la pobreza monetaria bajó a 25,7% en 2025. Es una buena noticia, pero no debería tranquilizarnos: más de 8,8 millones de peruanos siguen siendo pobres y el indicador está 5,5 puntos por encima del nivel de 2019. Hoy tenemos una pobreza similar a la de 2012. Llevamos más de una década sin avance neto.
El contraste con hace dos décadas es elocuente. Entre 2005 y 2011, la pobreza cayó de 55,6% a 27,8%; la desnutrición crónica infantil de 28,3% a 19,5%; y la anemia de 57,7% a 41,6%. Fuimos uno de los países que más rápido redujo la pobreza en América Latina, y el Banco Mundial documentó nuestra lucha contra la desnutrición como un caso de éxito internacional.
No fue solo el crecimiento, que bordeó el 7% anual. Entre 2021 y 2025, los precios de los metales alcanzaron niveles récord y la pobreza no retrocedió al mismo ritmo. Lo que marcó la diferencia fue la manera de hacer política social: pocas metas nacionales, claras y medibles; transferencias condicionadas como Juntos, combinadas con una oferta de salud y nutrición reorganizada mediante la Estrategia CRECER; un presupuesto vinculado a resultados; una focalización en los territorios y hogares más pobres; y una conducción desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con autoridad para alinear a ministerios, regiones y municipios.
¿Por qué se perdió ese camino? En 2011, la conducción de la política social pasó del centro de gobierno a un ministerio sectorial. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) aportó especialización y evaluación, pero un ministerio no tiene, por sí solo, autoridad para ordenar a sus pares ni a los gobiernos subnacionales. Las metas se diluyeron en agendas cada vez más amplias, y cuando todo es prioridad, nada lo es. La inestabilidad hizo el resto: siete presidentes entre 2016 y 2025, una rotación que ninguna intervención de largo plazo resiste. Además, la pobreza cambió de rostro más rápido que nuestros instrumentos, pensados para el campo: en 2025, la pobreza extrema bajó en el país, pero aumentó en Lima Metropolitana.
Los indicadores de salud infantil confirman el estancamiento. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2025, la desnutrición crónica afecta al 12,1% de los niños menores de cinco años, sin cambios significativos, y supera el 20% en Loreto y Huancavelica. La anemia ronda el 35%. La pobreza monetaria llega a 41% en Cajamarca y 40% en Loreto, frente a 4,5% en Ica. Y esta vez no habrá viento a favor: el Banco Nacional de Reserva (BCR) proyecta un crecimiento de 3,2% para 2026 y de 3% para 2027, golpeado por El Niño.
Hay, sin embargo, una ventana de oportunidad. El nuevo gobierno se ha fijado la meta de reducir a la mitad la anemia y la desnutrición crónica, y ha anunciado la reorganización de los programas sociales. En enero, asumirán nuevas autoridades regionales y municipales. La meta va en la dirección correcta, pero una meta sin arquitectura es solo un deseo. Debe conducirse desde el centro de gobierno, con una PCM que respalde la rectoría técnica del MIDIS y haga seguimiento región por región. El presupuesto debe seguir a los resultados: hoy se gasta más en nutrición que en 2011, con menos efecto. El seguimiento debe ser nominal, niño por niño. Los instrumentos deben adaptarse a la pobreza urbana. Y la meta debe ser de Estado, pactada con regiones, municipios y sociedad civil, para que sobreviva a la próxima crisis política.
Recuperar el camino no es un ejercicio de nostalgia. El Perú ya demostró que puede reducir la pobreza a la mitad y ser referente para otros países. La pregunta no es si sabemos cómo hacerlo, sino si tendremos la disciplina para reconstruir las condiciones que lo hicieron posible.
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