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El presidente Pedro Castillo, prácticamente, se declara culpable. Su abogado reclama tutela de derechos.
La finalidad de este recurso es anular la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación. Quieren cancelarla porque no pueden contradecirla.
El ministro Aníbal Torres suele repetir que no hay pruebas “objetivas” sobre los delitos señalados. Hay elementos de convicción y los hay como nunca los hubo antes sobre algún presidente en ejercicio.
Hay declaraciones de testigos, corroboraciones por WhatsApp, movimientos bancarios, grabaciones, registros de visitas, llamadas telefónicas, etc.
Los testimonios sobre la culpabilidad de Castillo se pueden constatar. Véase, por ejemplo, “Pedro Castillo: los testimonios que sustentan la denuncia constitucional de la Fiscal de la Nación”. (Una cronología de Víctor Reyes, publicada en El Comercio, 26/10/22).
Lo que no hay es lo que ha escondido el propio presidente Castillo. Él dispuso, por ejemplo, no entregar las imágenes de cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno.
No solo se oculta la evasión de Yenifer Paredes, la cuñada. También, visitas que tuvo el presidente, relacionadas con actos de gobierno infractores de la ley.
Castillo ha conseguido el apoyo de algunos de sus pares latinoamericanos. Quieren consolidar un proyecto político de izquierda.
La OEA envía una comisión especial al Perú. Tomó la decisión “en respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática y la democracia representativa en Perú”.
En lenguaje de burocracia internacional, esto es aceptar de antemano la versión de Castillo. En su carta a la OEA, dijo que la denuncia de la fiscalía es parte de “un proceso destinado a la alteración del orden e institucionalidad democrática”.
La OEA contesta a Castillo en los mismos términos que usa Castillo. Esto quiere decir que la misión de la OEA no va a investigar nada. No va a leer las más de 300 páginas de la denuncia constitucional de la fiscalía.
Vladimir Cerrón, Verónika Mendoza, Guillermo Bermejo y los otros defensores nacionales de Pedro Castillo saben que las pruebas son contundentes. Callan ante la comisión de delitos. No son partidarios de izquierda, son partidarios del uso impune del poder.
La Fiscalía de la Nación quiere preguntar a Castillo. Cada vez que lo intenta, el presidente guarda silencio.
El proceso de investigación no está orientado a alterar el orden institucional. Al contrario. Solo si se llega a la verdad, se afirma la institucionalidad.
La democracia no se reduce al acto electoral. La legitimidad de origen no es legitimidad de función. La función debe hacerse legítima, a cada momento, con el respeto de las leyes.
Bajo la perspectiva de Castillo, la Constitución no podría defenderse nunca de los delincuentes en la política.
Llegado al poder, no se te puede investigar porque eso atenta contra tu elección. El poder, sin embargo, no es la inocencia, menos la impunidad.
El poder debe estar sometido a la ley. Nadie debe estar excluido de su cumplimiento.
La comisión permanente de la OEA viene a acompañar a Castillo. Con él, guardará silencio. Querrá, también, acallarnos.
Este es el chantaje moral: “Si no callas, atentas contra la institucionalidad”. Esta es la doctrina de Castillo. Esta es la respuesta de la OEA y de los que quieren proteger a quien use el poder para delinquir.
No hay que defender los delitos, hay que denunciarlos. Una y otra vez.
