Desenlaces tardíos y tempranos, por Carlos Basombrío Iglesias

La superposición de temas políticos, judiciales y electorales ha tenido súbitos y hasta inesperados desenlaces en estas semanas.

Así, a fines de febrero, en el proceso contra Ollanta Humala acabó la absurdamente larga etapa de control de la legalidad de la acusación (¡año y medio!) para entrar a un juicio oral de duración impredecible.

Su efecto en el proceso electoral es relativamente marginal. Humala se presentó solo para obtener una bancada propia, algo frecuente entre los políticos que quieren pelear lo judicial con más poder a su alcance. No está descartado que la consiga, ya que anda raspando la valla y el suyo es un voto con fe de carbonero, porque todo lo que se le imputa era archiconocido y está ampliamente documentado.

La presentación de la acusación formal a Keiko Fujimori, en cambio, ha sido un acontecimiento político relevante. Es impactante que sean 40 los acusados –entre ellos, el esposo y la abogada de la candidata– y que se hayan pedido penas altísimas para los principales implicados (¡30 años!). La fiscalía asegura que con casi cuatro años investigándola han construido un caso muy sólido que incluye 14 colaboradores eficaces, cuyas versiones ya han sido corroboradas. Hasta que un juez diga en última instancia si los imputados son culpables o inocentes faltan aún varios años; algo muy conveniente para los primeros y desolador para los segundos.

La nueva situación judicial de Keiko Fujimori tampoco tiene un impacto electoral muy grande. Más le afecta estar en las encuestas por detrás de López Aliaga y no muy por encima de Hernando de Soto, dado que los tres candidatos disputan un espacio político similar. No tanto en D y E, donde sus votantes son los fieles y agradecidos seguidores de su padre, pero sí en A/B y C puede ella perder votos por no ser una candidatura “viable”. Pero esto se debería en poca medida a la acusación (después de todo no era un secreto que se venía), sino a su altísimo antivoto en segunda vuelta, que la sitúa perdiendo a mucha distancia con todos sus potenciales rivales y, por tanto, sería un voto perdido para quienes en segunda vuelta buscarán evitar que un candidato de izquierda triunfe.

Otro caso con grandes repercusiones políticas es el del pedido de prisión preventiva para Martín Vizcarra por las acusaciones de corrupción cuando era gobernador en Moquegua, a las que han sumado en las últimas semanas más elementos para corroborarlas.

Como sabemos, Vizcarra va de número 1 en la lista de Somos Perú por Lima para el Congreso. Él fue reclutado por Daniel Salaverry para que fuese la locomotora de una candidatura que no lograba salir de “otros”. El asociarse con quien dejó la presidencia con una altísima aprobación fue una jugada astuta. Para que nadie dudara de sus verdaderas motivaciones, insólitamente en todas sus propagandas electorales el nombre de Vizcarra salía por encima del de Salaverry, reconfirmando el pragmatismo extremo de ambos personajes.

El destino los traicionó. Como se percibe nítidamente analizando las últimas encuestas, si Vizcarra consigue temporalmente su ansiada curul, solo va a dejar migajas para alimentar a Salaverry, dado que sus menguados votantes cruzan el voto hacia alguna otra candidatura presidencial. Digo temporalmente, porque si Vizcarra se salva de la prisión preventiva, tiene segura una acusación constitucional en el Congreso que lo inhabilitará, quizás con más de los 105 votos que en su momento lo vacaron. Al final, el negocio habría sido para los ilustres desconocidos que Patricia Li, la controvertida “dueña” de Somos Perú, puso detrás de Vizcarra en la lista por Lima. ¡Nadie sabe para quién trabaja!

Otro desenlace que ya parece haberse producido es el del futuro de los dos partidos cuya llegada sorprendió más en el Congreso anterior, a saber, Frepap y UPP. El primero de seguro tendrá de nuevo una sólida bancada y, en cambio, los restos desgajados de lo que fue UPP no tendrá ninguna. Muy merecido: UPP manchó más la política peruana llevando a Édgar Alarcón. Mucho peor aún, humilló al país llevando al Congreso de la República, en el que alguna vez se sentó Miguel Grau, a antauristas condenados por el asesinato de cuatro policías. Eso no se va a repetir, a menos que logre entrar por Tacna otro de los criminales que cumplió 15 años por esos hechos y que va en las listas de Verónika Mendoza.

Pero la afrenta a nuestra democracia se materializaría de nuevo ahora con Pedro Castillo, de quien la Dircote considera hay evidencias documentadas de su cercanía al Movadef y que probablemente consiga pasar la valla.

Finalmente, para al menos 12 de los 18 candidatos se acabaron ya las locas ilusiones que los lanzaron a la búsqueda del sillón de Pizarro. Después del 11 de abril solo podrán poner en su tarjeta de presentación: “Excandidato a la presidencia del Perú”.