El presidente Martín Vizcarra participa en la inauguración de un colegio en Jaén, Cajamarca, el pasado 6 de noviembre. (Foto: Presidencia).
El presidente Martín Vizcarra participa en la inauguración de un colegio en Jaén, Cajamarca, el pasado 6 de noviembre. (Foto: Presidencia).
Fernando Rospigliosi

El presidente está atrapado en la telaraña de los embustes que él mismo tejió. La información recabada por el fiscal Germán Juárez Atoche y revelada por “Hildebrandt en sus trece” parece corroborar las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces.

Se trata de comunicaciones recuperadas de los teléfonos de , exministro de Agricultura y nexo entre Vizcarra y las empresas constructoras que presuntamente pagaron cuantiosos sobornos al presidente cuando era gobernador regional de Moquegua y un “saldo” de la coima que reclamaba, en agosto del 2016, el flamante vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Estas comunicaciones también confirmarían que Vizcarra conocía y se reunió con el empresario ; algo que el presidente ha negado persistentemente, a pesar de que se han publicado fotos de los encuentros y de que varios testigos lo han ratificado.

Camayo no está acusado de ningún delito hasta ahora y no sería un pecado haberse reunido con él. El asunto es que, en la trama inventada por las fiscales del Callao y la Diviac, Camayo se convirtió en una pieza clave de la patraña que se usó para defenestrar al entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y colocar en su lugar a la complaciente Zoraida Ávalos.

En efecto, la supuesta prueba definitiva de la pertenencia de Chávarry a una organización criminal fue que el magistrado acudió a una reunión en la casa de Camayo –que, al principio, Chávarry negó torpemente– con el dueño de “Exitosa”, Higinio Capuñay. Un encuentro sin ninguna trascendencia, pero que fue usado perversamente por esas fiscales presuntamente prevaricadoras para destruir a su jefe.

Para remachar su faena, la fiscal Sandra Castro llevó en un vehículo a Camayo hasta la casa de Chávarry y lo mostró sacando el brazo por la ventana y señalando la vivienda: le había llevado una entrada para un partido de fútbol. Pero esa ya era la confirmación de que el entonces fiscal de la Nación era un peligroso delincuente.

Como es obvio, si se lo preguntaron, Camayo tuvo que haber confirmado desde el principio que conocía y se había reunido con Vizcarra. Pero esto fue ocultado cuidadosamente por ellas.

Esas fiscales, que se prestaron para esa maniobra obscena, fueron elevadas a la categoría de heroínas de la lucha anticorrupción por la coalición vizcarrista; premiadas, agasajadas y puestas en un pedestal.

Ahora la verdad se abre paso y queda claro que todo fue una componenda para beneficiar a Vizcarra y perjudicar a sus adversarios.

Estas revelaciones, sin duda, complican a Vizcarra y comprueban que ha usado inescrupulosamente el poder para manipular los organismos judiciales en beneficio propio.

El seguimiento policial y amedrentamiento denunciado –que ha expuesto el fiscal Juárez–, el ataque del Gobierno anunciado por “Hildebrandt en sus trece” –que afirma que “Palacio quiere cerrarnos”–, entre otras cosas, hacen prever que Vizcarra seguirá utilizando el poder perversamente. Una situación que, sin duda, será considerada este lunes, cuando se discuta en el Congreso en su contra.

A estas alturas, hasta opositores a esta extrema medida parecen dudar, como Jaime de Althaus, que abre una ventana cuando afirma que si Manuel Merino se compromete a poner un ministro de Economía razonable, las consecuencias no serían tan trágicas.

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