Enredos con la cuestión de confianza

El pasado 12 de octubre el presidente Pedro Castillo solicitó a la OEA la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, como respuesta a la denuncia constitucional interpuesta por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el 11 de octubre ante el Congreso, en la que imputa al mandatario ser el líder de una organización criminal y cómplice de varios delitos.

En esta columna señalé en semanas pasadas que el razonamiento de la fiscal era bastante cuestionable y que, más bien, parecía una manera de encontrar la forma de suspender al presidente en el ejercicio de su cargo mediante un mecanismo que requiriera menos votos, considerando que la oposición no cuenta con los votos necesarios para declarar la vacancia. La iniciativa del Gobierno de acudir a la OEA le permitió “enfriar” el debate sobre la denuncia constitucional.

Sin embargo, un nuevo episodio en esta confrontación se produjo el pasado 9 de noviembre, cuando el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, solicitó presentarse ante el Congreso para pedir una cuestión de confianza sobre la aprobación del proyecto de ley (presentado en abril) que propone la derogación de la ley 31355, de octubre del 2021, que regula el ejercicio de la cuestión de confianza. Mi opinión es que es una ley excesiva que desnaturaliza el equilibrio de poderes y limita en exceso el ejercicio de esa herramienta (que es el contrapeso a la función congresal de censura a los ministros), pero ciertamente no era el momento para presentarla, cuando la visita del grupo de la OEA busca abrir espacios de diálogo.

Podría interpretarse que esta fue una respuesta al hecho de que en la subcomisión de Acusaciones Constitucionales se iba a debatir una denuncia contra el presidente Castillo por presunta traición a la patria, infracción a la Constitución que también conduciría a la suspensión en el cargo, que fue aprobada el 11 de noviembre. A diferencia de la denuncia de la fiscal de la Nación, que resulta jurídica y políticamente debatible, la acusación de traición a la patria por unas declaraciones imprecisas dadas por el presidente en el contexto de una entrevista no tiene mayor fundamento, y parece dar la razón al presidente de que existiría en el Congreso iniciativas que buscan sacarlo de la presidencia con cualquier pretexto.

Si bien ese paso en falso del Congreso hubiera servido para que el Gobierno fortaleciera su posición ante el grupo de alto nivel de la OEA que se encuentra en nuestro país, Torres se encargó de demostrar que también el Ejecutivo incurre en posturas confrontacionales.

Es más, la respuesta gubernamental al archivamiento de la propuesta del Ejecutivo fue insistir en la presentación de una cuestión de confianza al presentarse ante el Congreso el 17 de noviembre pasado; esta vez, pidiendo la derogación de la ley 31399, de enero del 2022, que regula el ejercicio del referéndum en la ley de derechos de participación y control ciudadanos. Se trata de una ley un tanto anodina, porque no cambia lo establecido por el artículo 206 de la Constitución, referido a los mecanismos de reforma constitucional y, por lo mismo, su derogatoria no tiene mayor consecuencia. Además, estando vigente la ley 31355, el Ejecutivo no podría establecer que, de no derogarse la ley 31399, se le habría negado la confianza al Consejo de Ministros. En suma, lo que podría haber sido una ventaja en términos de imagen del Gobierno ante la OEA termina siendo un autogol.

Torres se encargó de presentar un panorama en el que, así como sectores del Congreso parecen buscar cualquier pretexto para impedir que el presidente Castillo continúe en el cargo, también el Ejecutivo estaría buscando cualquier excusa para arrinconar al Parlamento mediante el uso de las cuestiones de confianza.

El juego político se está enredando cada vez más, y está claro que los actores políticos no buscan mejorar la gobernabilidad del país, sino maniatar de cualquier manera a su adversario.