El golpe de Estado perpetrado por el presidente Martín Vizcarra probablemente contará con el respaldo mayoritario de la población, como ocurrió el 5 de abril de 1992 cuando Alberto Fujimori disolvió el Congreso. Igual que en esa ocasión, se comprueba lo endeble de las convicciones democráticas, no solo de las masas sino de las élites, que actúan en función de sus preferencias, intereses y pasiones políticas. Sin embargo, el respaldo de Vizcarra es frágil, a diferencia del que tenía Fujimori, que era sólido porque había frenado la hiperinflación.
El desempeño de la gestión de Vizcarra es peor que mediocre desde el comienzo y nada indica que mejorará en el futuro. El remozado Gabinete Ministerial, carente de liderazgo, competencia y prestigio, no ayudará a mejorar las expectativas. La incertidumbre que crece cada día que pasa afectará, sin duda, las inversiones y contribuirá a ralentizar el crecimiento económico que ya venía lento. Ni mencionar asuntos como la inseguridad ciudadana, la reconstrucción del norte o los conflictos sociales.
Ahora Vizcarra ya no tiene al Congreso para responsabilizarlo, falsamente, de su mal gobierno. Usará su supuesta lucha contra la corrupción, tratando de exprimir todo lo posible a los funcionarios de Odebrecht que, como se acaba de comprobar, dirán lo que el gobierno y sus fiscales adictos quieren escuchar siempre y cuando les entreguen los 524 millones de soles que reclaman, que no les apliquen la cláusula anticorrupción del gasoducto del sur, etc. Pero ese recurso se está desgastando y no puede reemplazar indefinidamente la gestión de gobierno. Por eso Vizcarra tratará de imaginar algunas ofertas populistas para mantener su aprobación.
Otro elemento importante a considerar es la creciente inclinación a la izquierda del gobierno. Aunque algunos creen, sin mucho fundamento, que todo lo que está ocurriendo es producto de una conspiración chavista, es el curso de los acontecimientos el que está induciendo a Vizcarra, que carece de convicciones, en esa dirección.
De hecho, son los activistas izquierdistas los que han estado promoviendo y aderezando las raleadas manifestaciones de respaldo al gobierno y por la disolución del Congreso, en Lima y en otros lugares. Y es la derecha, política y empresarial, la que se opuso al adelanto de elecciones y a la clausura del Congreso, configurando así un cuadro en el que Vizcarra se ve defendido por las izquierdas y criticado por las derechas.
La mayoría del Congreso −respaldada por gremios empresariales y varios analistas− se equivocó nuevamente cuando rechazó la propuesta de adelanto de elecciones de Vizcarra. Era una alternativa con peligros y dificultades, pero sin duda la menos mala de las opciones, como señalé reiteradamente en esta columna. La que está en curso ahora es mucho peor.
Los congresistas sobreestimaron largamente su fuerza y, luego de que la mayoría recuperó la presidencia del Congreso y obtuvo algunas pequeñas victorias, se sintió empoderada nuevamente. Ahora reculan y proponen el adelanto de elecciones. Muy tarde. El gobierno y la coalición vizcarrista, que han ganado esta batalla, no van a retroceder.
El próximo Congreso posiblemente será peor. Estará muy fragmentado y probablemente el gobierno lo controlará con relativa facilidad con algunas prebendas. Ese Parlamento podría aprobar cualquier cosa, incluyendo peligrosas medidas populistas. Y, sin duda, los izquierdistas tratarán de convertirlo en una Constituyente o, por lo menos, realizar modificaciones a la Constitución.
Lo usual es que los candidatos presidenciales arrastren en la votación a sus postulantes al Congreso. En las elecciones convocadas para enero, sin caudillos que postulen a la presidencia, los resultados serán más aleatorios. A los grupos de izquierda se sumarán varios otros oportunistas que tratarán de aprovechar las circunstancias y colgarse de la popularidad del gobierno, obteniendo no solo curules sino con la perspectiva de las siguientes elecciones presidenciales.
Esa amalgama de izquierdistas más oportunistas que apoyan al gobierno será explosiva y puede causar enormes perjuicios al país. En tanto, la oposición está derrotada, dividida y desmoralizada.
Ahora Vizcarra gobierna por decreto, sin controles ni cortapisas, y se ha convertido en el gran intérprete de la Constitución y las leyes, como ha precisado un editorial de El Comercio. (3/10/19).
En síntesis, un panorama oscuro. Un paso más al despeñadero.
Una opción inmediata para los partidarios del libre mercado y la democracia que no quieren que el país se desbarranque como otros países de la región sería unir fuerzas para participar en las elecciones de enero y a partir de allí tratar de construir una alternativa política al desastre que amenaza al Perú. No obstante, teniendo en cuenta las experiencias del pasado reciente, más fácil sería que el olmo produzca peras.