Federico Salazar

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, anunció un proyecto de ley para crear un nuevo delito. Quieren que se considere delito la “difusión de información reservada” relacionada a una investigación penal.

Se quiere proteger al presidente y a los otros señalados de formar una organización criminal para delinquir.

El Comercio publicó parte del informe del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, sobre la eventual participación de Pedro Castillo en una coima. Con la ley propuesta por el Ejecutivo los periodistas de esta casa podrían ser juzgados por el delito de informar.

Según el documento revelado, “el presidente de la República habría recibido, por lo menos, en una ocasión, 30 mil soles por parte del empresario Zamir Villaverde…”.

Tenemos derecho a saber la verdad. La verdad hay que averiguarla. Si se aprueba el proyecto totalitario del Ejecutivo, nunca sabremos la verdad y los delincuentes quedarán protegidos.

A Silva no se le encuentra. Hubo filtraciones que impidieron su captura, a pesar de los datos de un informante. Entre los sospechosos de las filtraciones figuran policías que son parte del resguardo del presidente de la República.

Son investigados los suboficiales Jorge Tarrillo Gálvez, Aladino Irigoin Chávez y Jover Gallardo Torres. Ellos fueron convocados al inicio de este para trabajar en seguridad de la Casa Militar de Palacio (El Comercio, 25/6/22, p. 4).

Ellos son de Anguía, Chota, Cajamarca. De ahí también se conocen Pedro Castillo y Juan Silva. La hija del suboficial Aladino Irigoin obtuvo pagos del MTC.

Si se aprobara el proyecto del Ejecutivo, sería delito informar sobre las relaciones de estos chotanos. Esa norma se convertiría en un escudo para la corrupción.

Aníbal Torres dice que quiere evitar “esa forma de prácticamente comercializar la información penal reservada”.

¿Cree Aníbal Torres que hay un pago a fiscales o jueces para que den información reservada? La acusación es gravísima.

El ministro de Justicia, , pone lo suyo. No se puede revelar ese tipo de información. Entre otras cosas –señala–, pone en riesgo al investigado “en la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia”.

La presunción de inocencia es un derecho de la persona en un juicio. Es un principio circunscrito al derecho procesal penal.

“Toda persona –dice la Constitución– es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad” (art. 2.24.e). “Judicialmente” significa “frente al juez”.

Este principio no es un mandato sobre la sociedad civil o la opinión pública. Yo creo que Hitler fue un criminal, aunque no haya ninguna sentencia que lo señale.

Si mandamos a la sociedad civil a actuar como juez penal, Hitler debe ser considerado inocente porque judicialmente no se ha demostrado su culpabilidad.

Si aplicáramos a Hitler la ley que propone el Ejecutivo, no tendríamos derecho a conocer las atrocidades que cometió. Al menos, hasta que salga una sentencia sobre el genocida.

Salvando las distancias, lo mismo se aplica al gobierno de Pedro Castillo. La opinión pública tiene todo el derecho de tener un juicio de valor sobre los involucrados en la corrupción revelada.

Tenemos derecho a conocer la información sobre los procesos y los personajes. Aunque Pedro Castillo, Aníbal Torres, Félix Chero y los demás ministros nos quieran quitar ese derecho.

Federico Salazar Periodista

Conforme a los criterios de

Trust Project
Saber más