"El presidente Castillo no debió reunirse con un empresario que licitaba con la empresa estatal. No parece tener muy claro qué es lo que puede y no puede hacer". (Foto: archivo Presidencia)
"El presidente Castillo no debió reunirse con un empresario que licitaba con la empresa estatal. No parece tener muy claro qué es lo que puede y no puede hacer". (Foto: archivo Presidencia)
Federico Salazar

Para el próximo año no cabe esperar un cambio en la principal fuente de inestabilidad política.

El presidente no aportará la lista de visitantes que tuvo en la calle Sarratea de Breña. Las oficinas de seguirán siendo opacas para la investigación fiscal.

Tendrán que explicarse las visitas de proveedores del Estado y lobbistas. Una visita, sin embargo, no es concluyente en una investigación sobre acuerdos bajo la mesa.

Hasta ahora lo más concluyente que se tiene son los US$20 mil encontrados en un armario del baño de la oficina del ex secretario general de Palacio, Bruno Pacheco. No hay, al momento, explicación razonable para ese hallazgo.

Es un escándalo que se encuentre dinero en efectivo en un ambiente de las oficinas de la sede del Gobierno. El descubrimiento, además, fue casual. Eso aumenta las sospechas sobre un origen ilícito del dinero.

Después de esta sorpresa, las puertas de Palacio se han cerrado para los fiscales. Esto es inadmisible y aumenta las sospechas sobre la lista de visitantes y sus motivos.

El caso de Petro-Perú se suma a estos antecedentes. La empresa HPO (Heaven Petroleum Operators) ganó un contrató para proveer biodiésel por US$74 millones.

Lo llamativo del caso es que, poco antes de obtener la licitación, el representante de la empresa HPO, Samir Abudayeh, se reunió con el propio presidente Castillo. Fueron visitantes, también, el gerente de Petro-Perú, Hugo Chávez Arévalo, y la lobbista Karelim López, aunque niegan haber coincidido.

La licitación, finalmente, se anuló. Petro-Perú confirmó la ausencia de un notario en la entrega de las propuestas. Ello pone en evidencia el nivel de informalidad o irregularidad de la licitación.

El presidente Castillo no debió reunirse con un empresario que licitaba con la empresa estatal. No parece tener muy claro qué es lo que puede y no puede hacer.

Un ejemplo claro de su falta de límites fue la fiesta de cumpleaños de su menor hija. El ‘show’ infantil, ya se sabe, lo pagó Karelim López. Esto, aparentemente insignificante, no es otra cosa que una dádiva, y no solo un “cariño”.

Otro ejemplo ha sido su visita a Chota por navidades. El Gobierno emitió un decreto supremo prohibiendo “todo tipo de reunión y evento social, incluyendo las que se realizan en los domicilios y visitas familiares” (9 de diciembre, DS 179-2021-PCM).

El jefe del Estado, sin embargo, fue hasta Cajamarca a visitar a sus familiares por navidades. La noche del jueves 23 de diciembre, en edición extraordinaria de “El Peruano”, se publicó una modificación.

Según la nueva y nocturna norma, solo queda prohibido “todo tipo de reunión y evento social” (23 de diciembre, DS 186-2021-PCM, art. 4). Ya no se hace alusión a las reuniones familiares.

Todo parece indicar que esta modificación en el DS 186 se ha hecho para “legalizar” el viaje de Castillo a su ciudad natal. Una muestra más de su incapacidad para ver qué le es lícito hacer y qué, no.

Dinero en Palacio, dádivas, lobbistas, licitaciones sospechosas, entre otras cosas, revelan una inclinación al beneficio personal indebido. Todo tendrá que investigarse, pero ya sabemos que esta es y será una de las principales fuentes de inestabilidad política en el país.