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Dos años después de las históricas protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio del 2021 en Cuba, más de 700 personas –la mayoría jóvenes– siguen presas por haber participado en las manifestaciones, en su gran mayoría pacíficas, contra la dictadura de la isla.
Pero, increíblemente, casi todos los gobiernos latinoamericanos están ignorando esta escandalosa violación de los derechos humanos. Muchos de los manifestantes cubanos encarcelados han sido condenados a penas de hasta 25 años de prisión –sí, leyeron bien– por haber salido a las calles coreando “Libertad” y “Tenemos hambre”.
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden y la Unión Europea han exigido la libertad de los presos políticos cubanos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que “700 personas siguen encarceladas por haber ejercido su libertad de expresión y reunión pacífica”, y exigió “la liberación inmediata de todos los presos políticos”. La Unión Europea y el Vaticano también hicieron declaraciones parecidas, aunque menos enfáticas.
Pero prácticamente todos los gobiernos latinoamericanos han guardado un vergonzoso silencio. Y, lo que es peor, los presidentes de México, Brasil, Argentina y Colombia a menudo defienden a la dictadura cubana.
A principios de este año, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo –no es chiste– que Miguel Díaz-Canel, cuyo régimen también ha sido acusado de torturar a sus presos políticos, dirige un “gobierno profundamente humano”.
Juan Pappier, subdirector para las Américas del grupo Human Rights Watch de derechos humanos, me dijo que “la ceguera voluntaria de varios gobiernos de América Latina sobre Cuba es inaceptable”.
Y agregó: “Es hora de que dejen de ver a Cuba solo como la víctima del imperialismo y la analicen como lo que realmente es: una dictadura que viola los derechos humanos de forma sistemática”. Diplomáticos de la Organización de Estados Americanos (OEA) me dijeron que no han escuchado ningún discurso de embajadores latinoamericanos o caribeños exigiendo la liberación de los presos políticos cubanos.
Mientras que algunos gobiernos de la región tienen simpatías ideológicas con Cuba, otros temen que el régimen cubano retirará sus misiones de médicos de sus países si critican a la dictadura de la isla, me dijeron fuentes diplomáticas de la OEA.
Entre los presos políticos cubanos más conocidos se encuentran José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), el rapero Maykel Castillo –conocido como El Osorbo–, ganador de un premio Grammy, y el artista de performance Luis Manuel Otero Alcántara.
En un artículo sacado de la prisión por un visitante y publicado por “El Nuevo Herald” y “The Miami Herald” el 11 de julio, Otero Alcántara dijo que su encarcelamiento “es parte de una estrategia sistemática de las autoridades cubanas para acallar las voces de los jóvenes”. Otero Alcántara fue condenado a cinco años de prisión acusado de desacato e insulto a los símbolos patrios. Había utilizado una bandera cubana en uno de sus espectáculos de performance.
“En nombre de los cientos de jóvenes cubanos que han sido sepultados en las horribles prisiones de la isla, hago un llamamiento a las personas de conciencia de todo el mundo para que apoyen nuestra lucha por liberarnos y por liberar a nuestro país”, escribió el artista. “Todo lo que hicimos fue exigir el derecho a elegir nuestro futuro político y a decir lo que pensamos”.
Mientras más de 700 de los presos del 11 de julio cubano se pudren en las cárceles, un nuevo número récord de jóvenes cubanos está huyendo de la isla. En los últimos nueve meses, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado o encontrado a 6.761 migrantes cubanos, comparados con los 6.182 del año fiscal 2022, y solo 49 en el 2020, según la Guardia Costera de Estados Unidos.
Es hora de que los gobiernos latinoamericanos dejen de hacerse los distraídos ante los abusos a los derechos humanos de Cuba. Y es hora de que los artistas e intelectuales latinoamericanos muestren una mayor solidaridad con sus pares cubanos encarcelados. No hay excusa para hacer la vista gorda ante el encarcelamiento masivo de manifestantes pacíficos y artistas por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión.
–Glosado y editado–
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