La construcción de una nueva oposición democrática en el Perú se relaciona directamente con la formulación de nuevas y creíbles promesas referidas a condiciones de vida y de cambio democrático, vengan de la derecha o de la izquierda. Aquellas promesas de hace más de veinte años –surgidas después de la década de gobierno de Alberto Fujimori, es decir, de retorno a la democracia– se han agotado o deben ser responsablemente replanteadas para conseguir que interesen y entusiasmen a la ciudadanía: mayor y mejor democracia –traducida, por ejemplo, en respeto a la independencia de las instituciones–, crecimiento sostenido, descentralización, lucha anticorrupción, transparencia, respeto a los derechos humanos, entre otras.
En el Perú, las encuestas señalan una y otra vez que al Congreso no le puede ir peor, lo mismo que al Ejecutivo. Baten récord de rechazo y desaprobación, al punto que no se recuerda algo similar en las últimas décadas. Lo llamativo de la situación, sin embargo, es que, a pesar de tal rechazo a los oficialismos, no hay una oposición política que asome y tome cuerpo. Nadie destaca, ni un dirigente regional o nacional, ni un partido o movimiento político. Solo hay un gran vacío. Por eso, a pesar de su alta desaprobación, la mayoría parlamentaria aprueba lo que se le va ocurriendo, sin medir las consecuencias o midiéndolas a su exclusivo favor.
Si bien la necesidad de llegar a las personas no es nueva, las demandas, las sensibilidades y el lenguaje mismo van cambiando, se reciclan y se reformulan incluso cuando reaparecen temas de tiempos pretéritos. En la Latinoamérica de hoy, las posiciones políticas extremas son las que más se nutren del agotamiento o la renuencia de los políticos profesionales a repensar promesas incumplidas o cumplidas solo a medias. Milei en Argentina y Castillo en el Perú surgen de allí, como alternativas “anticasta”, plagadas de propuestas vacuas, en rigor más conservadoras que libertarias o innovadoras.
Para quedarnos cerca: Pedro Castillo hizo un gobierno claramente mediocre, desastroso en determinadas áreas; traumó a una parte considerable de la población y estuvo plagado de denuncias de corrupción. Sin embargo, en octubre del 2022, a poco más de un mes de su descabellado intento de golpe de Estado, mantenía una aprobación del 28% a nivel nacional según el IEP y del 26% según Ipsos –30% en el norte, 32% en el centro y 40% en el sur, si bien en Lima era de solo 16%–. ¿Cómo se explica este apoyo? ¿Qué intuiciones, dispositivos sociales o mecanismos de gobierno le funcionaron mejor que a la presidenta Dina Boluarte, que no puede superar el 8% de aprobación? (IEP, noviembre 2023).
Los sectores políticos que quieran forjar alternativas a candidaturas improvisadas – ‘outsider’, anticasta, marginales o como se las quiera llamar– tendrán que invertir tiempo en responderse preguntas como esas. Las movilizaciones del sur de diciembre del año pasado a marzo del 2023 y la actual huelga de los trabajadores de salud son parte de las constantes protestas sociales que hay en el país. Pero ni siquiera aquel intenso movimiento social de la región sur creó una representación política macrorregional sólida; menos aún, nacional.
El agotamiento de las promesas políticas formuladas al inicio del siglo y la consecuente urgencia de replantearlas es el gran reto que debe asumirse para construir una oposición política democrática que confirme la esperanza de que el Perú es viable y que el día a día puede ser mejor sin tener que migrar para encontrar trabajo decente, seguridad y, en general, mejores condiciones de vida.
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