¿Importa o no la pandemia?

PARA SUSCRIPTORES: ¿Quién frena la caída?, por Roberto Abusada Salah

En nuestro país, donde la pandemia ataca con furor y parece no disminuir sus efectos mortales, ya se convocaron las elecciones generales de abril próximo. Si ya era una urgencia modificar las reglas de juego para llegar al bicentenario con alguna posibilidad de mejora de la representación política, el COVID-19 trastoca todo, incluso fechas clave del cronograma electoral. Por esa circunstancia se suspendieron las elecciones primarias de los partidos programadas para noviembre, pero el Congreso, en vez de discutir los efectos de la pandemia en las elecciones de manera conjunta (elecciones internas, elecciones primarias, primera y segunda vuelta), lo hace separadamente y con otros criterios. La pandemia queda como un pretexto.

La Comisión de Constitución discute incorporar una serie de disposiciones transitorias para las elecciones del 2021, en ellas se puede observar dos problemas. El primero, en referencia a las elecciones internas, se señala que se pueden realizar a través del voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados o a través de los delegados elegidos por los órganos partidarios conforme lo disponga el estatuto. Previamente, deben haber sido elegidos mediante voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de los afiliados. Esta última modalidad es la que ha sido cuestionada, pero es la más usada por los partidos políticos. El estatuto puede señalar cualquier fórmula, en donde pocos deciden la selección de todos los candidatos. Más aún, el predictamen señala que el partido determina “el número de sus postulantes a candidatos”, con lo que se puede limitar la partipación de sus miembros. Pero lo más alarmante es que los partidos se resisten a que la ONPE organice las elecciones bajo el sistema de voto electrónico no presencial, es decir, por Internet. Suspenden las primarias, bajo el argumento del contagio, pero quieren las internas de manera presencial. La militancia que tienen los partidos acreditados ante el JNE es de alrededor de un millón y medio. Aquí la pandemia ya no es un argumento, es un pretexto.

El segundo problema es el del tiempo de militancia en un partido para candidatear. La Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política propuso en su informe seis meses de militancia en un partido político. Pero el contexto del informe (marzo 2019) era diferente. En abril último debió cerrarse el marco legal, pero la disolución del Parlamento y la pandemia modificaron drásticamente todos los plazos. Ahora, habiéndose convocado elecciones dentro del plazo estipulado por la ley, pero en medio de la pandemia y la práctica suspensión de la actividad política organizada, resulta un gran problema plantear restricciones a candidaturas. Parece claro que la intención es limitar la competencia y excluir a varios presuntos candidatos con intención de voto. Casi todos los plazos del cronograma electoral han quedado desactualizados. Si se aprueba que un candidato deba tener al menos seis meses de militancia, en relación a la fecha de las elecciones internas (mayo pasado), no postularán varios que no tienen partidos.

Es decir, se perjudicarían, por ejemplo, George Forsyth, Salvador del Solar, Daniel Urresti, Verónika Mendoza, Jorge Nieto, Fernando Cillóniz o Roque Benavides, por citar algunos entre muchos. Los únicos favorecidos serían Keiko Fujimori (Fuerza Popular), César Acuña (Alianza para el Progreso), Julio Guzmán (Partido Morado) y los probables candidatos de Acción Popular (Alfredo Barnechea, Raúl Diez Canseco, Jorge Muñoz). Pero el resto de los otros veinte partidos no tienen mucho que escoger entre su militancia, lo cual cofigura un serio problema. Así, tenemos partidos que no tienen candidatos y candidatos que no tienen partidos.