Incapacidad moral y opinión pública, por Martín Tanaka

Escribo estas líneas mientras está en debate la moción que plantea declarar la vacancia del cargo de presidente de la República. Como he señalado varias veces ya en esta columna, considero que se abusa y desnaturaliza el concepto de “incapacidad moral”, se la pretende convertir en una suerte de juicio político totalmente abierto, no contemplado en nuestra Constitución.

El problema es que, de consagrarse la lógica según la cual, de contarse con los votos, cualquier pretexto es válido para destituir un presidente por parte del Congreso, quedamos condenados a la inestabilidad permanente.

Pero más allá de las consideraciones que podamos hacer desde el análisis constitucional y desde el examen de los regímenes políticos, ciertamente la decisión estará marcada por la fuerza de los votos en el Congreso, y por lo que pueda posteriormente definir el Tribunal Constitucional, que tampoco ha dado muestras de escapar de una lógica más política que jurídica en algunos de sus fallos.

Ciertamente, un factor que incide en la votación del Parlamento es la marea de la opinión pública. Y si bien un 68% de los ciudadanos desaprueba la gestión del gobierno de Castillo y un 50% votaría por la vacancia si fuera congresista, todavía un cuarto de los encuestados respalda la gestión del mandatario, y ese respaldo se mantiene constante desde noviembre del año pasado. Ya sabemos que esa aprobación, sin llegar a ser mayoritaria, es mayor en el Perú rural, en el sur y entre los más pobres. Además, un tercio de los encuestados considera que si Castillo no termina su mandato será porque “no lo dejan gobernar”, que su Gobierno terminará siendo “menos corrupto” que los anteriores, y un 47% votaría en contra de la vacancia. Y este comportamiento en la opinión pública, en el que no se produce del todo un “derrumbe” en la imagen del jefe del Estado, podría explicarse porque el nivel de aprobación de la presidenta del Congreso está casi al nivel que el del presidente Castillo, y el del Legislativo en su conjunto aun más bajo. Esto se refleja también en el hecho de que, en el caso de que se aprobase la vacancia, un abrumador 80% considera que lo más conveniente para el país sería la realización de nuevas elecciones generales (según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos). Como ha ocurrido en otras latitudes, el lema parece ser “que se vayan todos”.

Hasta el momento, la previsión más razonable es que el presidente Castillo logrará superar el escollo de la moción de vacancia, pero esto ciertamente no resuelve el problema de fondo. Desde el Ejecutivo se habla de la necesidad de concertar y de gestar acuerdos de gobernabilidad, pero el Gobierno no muestra propósito de enmienda respecto de las demandas ciudadanas de mayor transparencia, y de la necesidad de contar con funcionarios públicos probos y capaces, prerrequisito para una gestión mínimamente eficaz, que es lo que, supuestamente, debería ser un objetivo del presidente. Hasta el momento, por encima de los objetivos de política, parece estar la consigna de asumir el Estado con una lógica de patronazgo. El presidente, después de que Petro-Perú perdiera el grado de inversión, debería entender que la lógica de retribuir fidelidades políticas con cargos públicos le resulta autodestructiva, impide el logro de metas que en principio caracterizan a su Gobierno, supuestamente interesado en tener un mayor control de recursos “estratégicos”. O debería considerar los paros agrarios de estos días, a pesar de la retórica oficial de estar implementando una “segunda reforma agraria”.

Si el presidente no corrige el rumbo y asegura una mínima eficacia en las políticas a favor de los más pobres que supuestamente defiende, el núcleo de ciudadanos que aún parece darle el beneficio de la duda se debilitará, el Gobierno se aislará y podría terminar cayendo, como estima el 71% de los encuestados, consecuencia, según el 63%, de su propia incapacidad para gobernar.