Insistiendo en el desastre, por Jaime de Althaus

El presidente Castillo desperdició la oportunidad de oro de renunciar a la asamblea constituyente al no promulgar la ley aprobada por el Congreso que repite la Constitución estableciendo que el Jurado Nacional de Elecciones no puede autorizar al Ejecutivo a convocar a referéndum para modificar la Constitución sin pasar antes por el Congreso, tal y como establece el artículo 206 de la Constitución. No solo eso. Al observarla, se reafirma en el proyecto de la asamblea constituyente. Y ya sabemos para qué sirvió esa iniciativa en Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Con ello, perdió la oportunidad de despejar la incertidumbre para que la inversión privada se reactivara asegurando crecimiento acelerado para reducir la pobreza y mejorar el empleo y los ingresos del pueblo. Claro, descartar la asamblea constituyente hubiese significado romper con Vladimir Cerrón y Perú Libre, y desplazar el eje del gobierno un poco más hacia el centro. Y el problema es que la prematura y aventurera moción de vacancia presentada por Patricia Chirinos arrojó a Castillo a los brazos de Cerrón, cuya amenaza principal es precisamente la de aliarse con la derecha para vacarlo.

Sin embargo, la salida de cinco congresistas de Perú Libre para formar una nueva bancada castillista, que tiene ya siete miembros –acaso con la idea de neutralizar el chantaje cerronista de la vacancia–, sumada a las reuniones de Castillo con exministros de Economía, representantes de empresas mineras y de hidrocarburos y bancadas de centro, hizo pensar que el viraje era posible. Vanas ilusiones. Empresarios que viajaron a Washington con Castillo fueron objeto de feroces ataques en un canal de televisión y perdieron todo interés en participar. La observación de la ley sobre el referéndum confirma el gobierno de la coalición de izquierdas que tenemos.

El problema es que las izquierdas marxistas no están hechas para gobernar, sino para atacar el sistema. No están hechas para resolver problemas, sino para generarlos. Por eso impidieron Tía María, sabotearon el proyecto Majes Siguas II –ni oro ni agua– y permiten que dirigentes vinculados al Movadef estén armando un nuevo ataque a las cuatro minas del sur de Ayacucho, a las que les han dado 90 días de plazo para que se retiren.

En lugar de entender que la inversión privada es el gran motor que hay que prender, acude a lo único que conoce: el reflejo redistributivo de los bonos, subsidios y programas sociales recargados, acaso también con la vana ilusión de movilizar apoyo político contra el Congreso en vista de que el camino al referéndum tendrá necesariamente que pasar por el Parlamento, tal y como lo confirma la ley en cuestión, que será aprobada por insistencia.

Así, con el camino al referéndum directo bloqueado por la Constitución y la ley, a esas izquierdas coaligadas solo les quedará competir entre ellas por la captura y copamiento de ministerios e instituciones, desmontando reformas, institucionalidad e islas de excelencia. Es lo que vemos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Sutrán, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Educación, la Sunafil, el Indecopi, la PNP, Petro-Perú, Perú-Petro y otras.

En ese sentido, la oposición en el Congreso no debería limitarse a la defensa de la Constitución y de su propia supervivencia –que hasta ahora ha hecho bien con leyes como la de la cuestión de confianza, la del referéndum y la de las facultades legislativas–, sino a una labor de fiscalización y control político que impida que se consuma el asalto de la informalidad, la incompetencia, incluso la delincuencia al Estado, y la destrucción institucional. Pero sin sumarse a esa labor deletérea aprobando leyes como las de la Sunedu y las que saqueen fondos fiscales y los de las AFP, recayendo en las conductas del Congreso anterior.

Más bien, se trata de pasar a la ofensiva planteando reformas. Para recuperar el futuro del Perú.