Juntos por el poder

En la historia parlamentaria, el uso de la planilla legislativa como agencia de empleos ha sido una constante que se agravó en el último período unicameral. Este Congreso bicameral no será la excepción y, a poco más de sus primeros 100 días, ya se revelaron dos casos, siendo el principal aquel en el que la bancada de Juntos por el Perú contrató a familiares de las personas que se encargan del resguardo de Pedro Castillo en el penal de Barbadillo.

Las contrataciones –reveladas por “Cuarto poder”, de América Multimedia– tienen un objetivo claro: obtener beneficios para Pedro Castillo. Y se trata de mayores beneficios que los ya revelados por este Diario a inicios del presente año, cuando se mostraron las gollerías tanto en el espacio donde está recluido como en la flexibilidad y falta de transparencia en el registro de visitas.

La respuesta del gobierno ha sido clara e inmediata: el director del penal de Barbadillo será separado tras revelarse el contrato de su hija en el despacho de una diputada de Juntos por el Perú. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Congreso? Hasta el cierre de esta columna, ninguna. ¿La diputada de JP recibirá una sanción? Difícil. ¿El personal será separado? Quizás. Pero más importante: ¿el Congreso se animará a poner filtros para la contratación del personal de confianza? Suena a misión imposible.

Porque el problema se extiende hasta la propia área de Recursos Humanos. El programa “Punto final”, de Latina Televisión, también reveló que la jefa de dicha área contrató a la esposa del abogado que defendió a su hijo cuando este fue acusado de un delito informático en el 2023. ¿Cuál fue la respuesta del Congreso ante esta denuncia? Nuevamente, silencio... Por otro lado, el programa “Beto a saber”, de Willax Televisión, también reveló audios que implican a la diputada Andrea Stein, de la bancada Obras, a su pareja y a su hermano en el ofrecimiento de puestos de trabajo. La diputada, además, cuenta con un asesor vinculado al caso Cuellos Blancos, según el mismo programa.

Los tres casos nos llevan a un impostergable debate sobre el manejo de la planilla legislativa. La solución está sobre la mesa, pero nadie se anima a aplicarla: la restitución del servicio parlamentario que eleve los estándares y retome los concursos públicos para el acceso a las plazas laborales. Esto obligará a las bancadas a buscar perfiles técnicos y a evitar el uso de las plazas como pago de favores políticos. Uno de los principales problemas que afrontan las comisiones en la actualidad es la falta de experiencia del personal contratado por los parlamentarios, y esto implica un estancamiento en el trabajo de los dictámenes y, por ende, una paralización en la agenda legislativa.

No basta con anunciar reducción en los montos del presupuesto parlamentario. El problema siempre va a estar –a ojos de la ciudadanía– en el uso de la planilla como una agencia de empleos.