La Constitución y la política económica, por Elmer Cuba

La actual Constitución contiene las bases que han hecho posible el avance económico que ha tenido el Perú en las últimas tres décadas.

Son tres los pilares económicos en los que se basa la estrategia del desarrollo peruano. Estos no son distintos a los que han seguido los países desarrollados.

El primer pilar es la estabilidad macroeconómica. Ella hace posible tener bajas tasas de inflación y políticas fiscales sostenibles y anticíclicas. Estamos lejos de las décadas de los 70 y 80, cuando la economía peruana perdía el paso y se dirigía a ser una república fallida. Hoy, el Perú –incluso después del COVID-19– posee un cuadro de estabilidad macroeconómica que destaca en la región y, en general, entre los países emergentes.

El segundo pilar es el sistema de mercado. Las empresas son libres de producir lo que las familias y otras empresas puedan demandar. El Estado no dirige ese complejo proceso: no fija los precios ni las cantidades en cada mercado.

El tercer pilar, como el mercado no soluciona automáticamente todos los problemas económicos de las sociedades democráticas, depende del Estado, quien cubre todo el resto. Así pues, el Estado se encarga de la provisión de los servicios –que, por algo, se llaman públicos–, como la educación, la salud, la seguridad ciudadana y la justicia. Se encarga de la defensa nacional y la política exterior. Regula los monopolios naturales, supervisa los mercados financieros y de capitales. Pone límites para proteger el medio ambiente. Se preocupa de los más pobres a través de la política social. Se ocupa de la infraestructura pública. Para todo ello, cobra impuestos y maneja el presupuesto público.

En resumen, el Estado y el mercado tienen asignados sus roles. Roles que –mutatis mutandis– son los mismos que tienen hoy los países desarrollados y los que están en el camino al desarrollo, no los que están estancados. Las diferencias, obviamente, están en las distintas calidades de las políticas públicas. Es decir, en el funcionamiento mismo de los Estados y su grado de fortaleza institucional.

Es en ese pilar donde radica el problema central. Todos los esfuerzos de la política y del debate público tendrían que ir en esa dirección.

Lamentablemente, en lugar de avanzar afianzando la calidad de las políticas públicas, se distrae la atención y los esfuerzos sobre un cambio de la Constitución. En particular, en el capítulo económico. En algunos casos, se hacen afirmaciones falsas (en otras palabras, se miente). En otros, se habla de introducir derechos sociales como vivienda, alimentación e Internet. Cambios al tratamiento de la inversión extranjera, al rol subsidiario del Estado y al combate a la corrupción.

La actual Constitución y las leyes de desarrollo constitucional permiten programas de subsidio a la vivienda, a la alimentación de las familias pobres y al servicio de Internet. Se pueden mejorar, por supuesto. Afinar el diseño de las políticas actuales, pero dentro de las limitaciones de las finanzas públicas. No se requiere volverlos a poner explícitamente en la Constitución para que mejoren.

En una economía globalizada, la inversión extranjera es bienvenida. Trae tecnología y genera valor, empleo e impuestos. Un tratamiento desigual produce una menor presencia a cambio de mayor rentismo empresarial nacionalista.

En cuanto al rol subsidiario del Estado, no se prohíben las empresas públicas. De hecho, muchas ya existen (Petro-Perú, Electroperú, distribuidoras eléctricas, Serpost). Para crear una nueva, se requiere una ley del Congreso, siempre y cuando se demuestre su necesidad pública. En caso contrario, cualquier dependencia del Ejecutivo podría crear una empresa pública. No queremos ver a regiones creando compañías de construcción o municipios administrando cevicherías y desplazando a pequeños emprendimientos privados.

Finalmente, se habla de cambiar la Constitución para combatir la corrupción. Para ello, bastaría con modificar el Código Penal y los procedimientos de control.

No se necesita un cambio en la parte económica de la Constitución para mejorar la vida de las personas y continuar con nuestro proceso de desarrollo. En la práctica, no hay nada en la actual que impida mejorar las políticas públicas.

Las agrupaciones políticas que sostienen que cambiando la Constitución mejoraremos el bienestar y el funcionamiento de la economía tienen que explicar mejor sus objetivos. En algunos casos, son solo fruto de sus propias ideologías y creencias; en otros, puede haber fines subalternos.

Las familias peruanas han tenido mejoras en su bienestar en los últimos 30 años, luego de ordenar el funcionamiento de la economía. Estos avances hacia una mayor prosperidad todavía no han sido suficientes básicamente por dos razones: necesitan más tiempo –el desarrollo económico demora– y la debilidad institucional del Estado, que ha llevado a un regular funcionamiento de las políticas públicas.

Las diferencias con los países desarrollados son el tiempo de aplicación del “modelo” y la debilidad de la institucionalidad peruana. Esta última es el producto del relativo fracaso de la política en representar a una sociedad fragmentada como la peruana. Por ello, si una reforma constitucional debe ser realizada, es la reforma política, que –a su vez– llevaría a la larga a una reforma del Estado.