La primera antiminera del país, por Jaime de Althaus

La primera ministra Mirtha Vásquez desactivó, sin mayor rubor, la bomba posextractivista que sembró contra cuatro minas en el sur de Ayacucho, pero no renunció al cargo y aún no ha pagado por la parte irreparable del daño que ocasionó a la imagen de la seguridad jurídica del país y al futuro de la inversión minera.

No contenta con ello, ha nombrado a su socio en Grufides, otro antiminero, como viceministro de Gobernanza Territorial, con el encargo de que las regiones avancen en sus planes de ordenamiento territorial sin minería, comenzando, por supuesto, por la delimitación de las “cabeceras de cuenca”. Esta es la verdadera bomba de tiempo contra la minería en el Perú, activada por una ley que logró aprobar Marco Arana unos años atrás.

La idea detrás de esa ley es que no debe haber minería en las cabeceras de cuenca porque es allí donde nace el agua. Pero esa es una verdad mágico-religiosa, un mito ideológico inventado para proscribir la mayor parte de la minería en el Perú. Como bien explica Fernando Cillóniz, el ciclo del agua es circular y sin fin. Incluye la evaporación del agua de la Amazonía y de los mares, la precipitación y el escurrimiento por los ríos hasta las llanuras Amazónicas y los mares. La tesis de que el agua se forma en las cabeceras de cuenca es una tontería precientífica. Lo importante es que la minería no contamine el agua a ninguna altura: ni arriba ni al medio ni abajo. Y la minería moderna y formal no contamina, y si lo hace, es y debe ser sancionada.

En la sierra del Perú, lo que tenemos son ríos naturalmente mineralizados que líderes antimineros o anticapitalistas aprovechan para acusar a las minas de esa contaminación. Eso ha ocurrido en Espinar, por ejemplo. Está ocurriendo en Moquegua y también en el sur de Ayacucho, donde parte de la población ha sido persuadida de que las minas han contaminado el agua. En este caso, el abanderado de esa acusación es el presidente del Comité de Lucha, un senderista confeso, miembro del Fenate y dirigente del Movadef. Con él firmó Mirtha Vásquez.

Lo que ha ocurrido en el sur de Ayacucho, como advierte Cecilia Valenzuela, es que se han juntado el Frente Amplio-Nuevo Perú, que quieren un territorio libre de minería, con el Fenatep-Movadef, que quiere un territorio liberado a secas.

Para no hablar de las zonas donde el narcotráfico expulsa a la minería (Río Negro, Conga, etc.). El Estado, además, es inoperante o corrupto. Las cuatro minas del sur de Ayacucho generan unos S/50 millones de canon al año que, al cabo de algunos años, hubiesen podido haber generado desarrollo. Pero, para comenzar, el canon se concentra en el distrito donde está la explotación minera, mientras las comunidades del resto del área ven cómo pasan los camiones del mineral y reciben muy poco o lo gastan mal. Hay, entonces, un serio problema de distribución del canon y un problema de ejecución, que debería estar en manos de un proyecto especial capaz de ejecutar un plan integral en toda la zona, con participación de los alcaldes y presidentes de comunidades en un consejo directivo.

Y no hay ley cuando se cometen delitos de bloqueo y extorsión. El Estado es inútil. Quizá el principal reto del Perú, como nación y como república, es encontrar la fórmula institucional que le permita desarrollar su inmenso potencial minero en armonía con las comunidades, la población y el medio ambiente, y contra la delincuencia. Porque es, además, la gran oportunidad para las poblaciones menos favorecidas. No debería ser imposible, si hubiese buena voluntad, patriotismo y menos ideología.