¿La vacancia llega sola?, por Gonzalo Zegarra Mulanovich

Tras desinflarse el primer intento de vacancia, pareciera que el Gobierno tuviera carta blanca para continuar impunemente con sus tropelías, las cuales no solo revelan una paupérrima gestión pública, sino también –y más grave– la normalización de la sistemática destrucción de lo poco funcional que queda del Estado Peruano.

¿Está la oposición esperando la siguiente gran metida de pata del Ejecutivo para emprender el siguiente intento vacador? En cualquier caso, ni el devenir político es binario –absoluta inacción o vacancia a la bruta– ni el remedio para esta deplorable gestión, en forma de rectificación o terminación, va a caer del cielo. En derecho aplicamos el principio general “quien no puede lo menos, no puede lo más”. Si el Parlamento no puede –o no quiere– interpelar ni censurar cuando debería, ¿cómo podría pretender vacar al presidente cuando se configure la causal? El equilibrio de poderes supone procesos, uno de los cuales es el control político que, además de ser consustancial a la democracia, permite construir una dialéctica –o “gimnasia”– parlamentaria que sustancia una oposición eficaz y legítima ante la ciudadanía.

Como escribí antes (1/1/22), el Congreso “tan solo ha censurado, y casi a regañadientes, al ministro de Educación, cuando la lista de escándalos y prontuarios daba objetivamente por lo menos para ocho”. La lista de “censurables” es encabezada, sin duda, por el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no solo por la contrareforma del transporte público (prohijada también por varias bancadas), sino, además, por el copamiento de Sutrán y otras dependencias denunciado por este Diario. Por motivos similares, le sigue el ministro del Ambiente, que usó su cartera como agencia de empleos, según denuncia de Latina. El de Energía y Minas, por el pretendido cierre ilegal de minas formales (y de ‘yapa’, por lo de Perú-Petro). El de Justicia, por pretender destituir al procurador general en connivencia con el abogado personal del presidente, a pesar de su independencia funcional y de no haber hecho más que su trabajo… Y eso sin contar los innumerables exabruptos y desatinos públicos del ministro, en particular contra la prensa independiente. El canciller debería responder por el papelón internacional del fallido intento de deportar ciudadanos venezolanos que no habían incurrido en causal, en flagrante violación de los derechos humanos. Por el mismo incidente debería caer el titular del Interior (además del aún irresuelto asunto de los ascensos policiales, la cuasi desactivación de la Diviac y la creciente criminalidad callejera). En Trabajo y Defensa ocurrieron asuntos censurables (vínculos con Sendero Luminoso y conflicto de interés con Fenate e injerencia indebida en ascensos, respectivamente), pero bajo ministros que ya fueron cambiados.

Igualmente, debería rendir cuentas vía interpelación y ser censurado, solo si las explicaciones no resultan medianamente satisfactorias, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (quien, además, tiene un caso familiar de contratación pública irregular) por el uso abusivo de decretos de urgencia para modificar el presupuesto público, práctica condenada por el Consejo Fiscal. En el caso del ministro de Salud, acusado de tráfico de influencias por unos ‘chats’ íntimos, habría que ponderar que en esto importa el contexto: descabezar en plena tercera ola de la pandemia al responsable del proceso de vacunación, casi lo único que funciona en este régimen, cuando, además, no llegó a producirse la contratación indebida que sugerían los ‘chats’, no parece muy sensato.

Caso especial es el de la presidenta del Consejo de Ministros. Al ilegal intento de cierre de minas, en el que la primera ministra jugó un papel central, se suma el escándalo de la casa de Breña: ella ofreció al país la lista de visitantes y luego se echó para atrás como parte de una “estrategia de defensa” presidencial, convalidando la opacidad y la violación objetiva de la ley, y quebrando la confianza ciudadana. Pero, en este caso, caería todo el Gabinete y se abriría la caja de Pandora para que el Ejecutivo intente, vía cuestión de confianza sobre alguien o algo inaceptable, disolver el Congreso. En este caso, la cautela parlamentaria podría ser más entendible.

Seis ministros merecen indubitablemente la censura. Tres más están en zona gris. Nueve de 19, o el 47%. Recordemos que en otros gobiernos cayeron ministros por una compra de computadoras o una huelga. Así constataremos que la valla está más baja que nunca.