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¿Qué le oculta el presidente Vizcarra al país?, por Juan Paredes Castro

“El presidente suele nutrir sus decisiones del humor social y político del antifujimorismo”.

Juan Paredes Castro Analista Político

Martín Vizcarra

Martín Vizcarra indicó que se encuentra a favor de los proyectos de inversión privada pero que tengan el respaldo de la población. (Foto: Anthony Niño de Guzmán / GEC)

Ya es de hecho preocupante que el presidente Martín Vizcarra tome grandes decisiones de Estado al son de la calle (que podría contener más equivocaciones que aciertos). Pero es mucho más preocupante que él no pueda controlar esas decisiones ni trazar una estrategia capaz de extraer de ellas los resultados que busca.

De su cruzada anticorrupción no tenemos, por ejemplo, un solo botón de muestra de un nuevo control sobre el manejo de las concesiones y contrataciones del Estado. De su cruzada de reformas políticas y de justicia, hemos perdido por referéndum la bicameralidad y tenemos creada en papel mojado una Junta Nacional de Justicia que no funciona.

El Perú gozaba hasta hace poco de una aceptable predictibilidad en su economía. De pronto corre el grave riesgo de perderla y de quedar, como lo advierte Elmer Cuba, fuera del grupo de países que alcanzarán el desarrollo económico en las próximas tres décadas.

Un acuerdo bajo la mesa del presidente Vizcarra con el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, poniendo prácticamente fin al proyecto minero de Tía María, enciende una peligrosa luz roja sobre el tablero de las inversiones y sobre la seguridad jurídica que las ampara.

De otro lado, el sistema democrático, ganado a pulso desde el 2000, nos legó cinco ininterrumpidas sucesiones presidenciales (de Paniagua a Vizcarra). De pronto, de continuar las improvisaciones reformistas, podríamos verlo quebrado a manos de una nueva autocracia.

Al presidente Vizcarra se le ha ocurrido plantear un adelanto de elecciones presidenciales y parlamentarias que en el extremo de no ser aceptado por el Congreso, ni con cuestión de confianza de por medio (inaplicable en una reforma constitucional), podría desembocar, bajo un pésimo manejo político y jurídico, en la eventual posibilidad de su disolución inconstitucional, dando paso, inclusive, a un indeseable régimen de facto.

Asesores jurídicos del entorno presidencial estarían buscando de qué manera el fin deseado (acabar con la mayoría fujimorista legislativa) justifique otros medios a emplear, con todas las apariencias constitucionales posibles. Uno de ellos pretendería construir una cuestión de confianza a nombre de políticas públicas o de Estado como las reformas políticas o la cruzada anticorrupción, cuyas “esencias” podrían ser consideradas como negadas o rechazadas por el Congreso, a efectos de disolverlo.

En medio de las idas y vueltas de estas tensas opciones no puede descartarse: a) que gracias al milagroso impulso de una agenda política común, los mandatos presidencial y parlamentario continúen hasta el 2021; b) que tales mandatos pudieran acortarse constitucionalmente al 2020, sin referéndum y con elecciones adelantadas; o c) que el acortado mandato presidencial acabe más pronto que tarde (como efecto dominó de la pobre asesoría política presidencial) extendido indefinidamente bajo una clara señal de ruptura de las reglas de juego democráticas y constitucionales.

El presidente suele nutrir sus decisiones del humor social y político del antifujimorismo. Sabe, además, que con ello doblega al Congreso, desprestigiado y paralizado en sí mismo. Pero luego, esas decisiones se quedan a medio camino, sufren cambios contradictorios respecto de sus motivaciones, como con Tía María, o pasan a formar parte de la resaca que dejan los discursos reformistas que no llegan a ninguna parte.

Aquí sobreviene el grave peligro de que por sacar adelante sí o sí el adelanto de elecciones y la premisa forzada de un cierre del Congreso, Vizcarra no solo no tenga la asesoría adecuada (solo la que quiere escuchar) sino que, junto con su ministro de Justicia (a su vez no debidamente iluminado), cometa tantas torpezas que nos encontremos ante un escenario antidemocrático inmanejable.

En esta encrucijada la izquierda tradicional antimercado y la izquierda radical antiminera aspiran a pescar a río revuelto, esperando servirse de las debilidades de la derecha tradicional y la derecha extrema, pero sobre todo de las debilidades de un gobierno que mientras busca deshacerse del fujimorismo como adversario cede ingenuamente a las fuerzas desestabilizadoras del sistema democrático y del modelo económico.

Entretanto, quisiéramos saber qué decisión extrema esconde el presidente bajo la manga que podría sacar traumáticamente al país de su curso democrático y constitucional.

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