Corrupción y política siguen de la mano, por Carlos Basombrío

Pese a todos los esfuerzos por impedirlo, no pudieron evitar que se firme el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. Sin duda, un avance en el Caso Lava Jato que debiera ser seguido con acuerdos con las demás empresas brasileñas que hicieron de las suyas en el país.

Los fiscales están confirmando información, vía declaraciones con valor judicial. Lo más impactante hasta ahora: los US$45 millones que se llevaron en camión (¡no entraban en carretilla!) los que coimearon en la Interoceánica. ¡Toledo solito se levantó US$20 millones! (¿Quiénes y cuánto durante el gobierno de García?). Impacta el monto y duele que el 30% haya sido pagado por las socias peruanas. En el caso de Toledo alegra saber que ya hay acuerdo de colaboración eficaz con Maiman; con lo cual el caso es redondo y, ojalá, el prófugo enfrente pronto a la justicia, de la que ha huido por motivos que estas informaciones explican suficientemente.

Lo que no queda claro es si habrá informaciones sobre otros personajes o sobre nuevos hechos que involucren a políticos ya implicados. Entre otros resultados de mucha importancia estaría el conocer las que aluden a congresistas. Jorge Barata ya adelantó que las hay.

Mientras tanto, lo más complicado de la coyuntura actual, por sus repercusiones en la vida política, son las denuncias contra el presidente Vizcarra, que cada día causan más revuelo.

Al presidente le atribuyen dos cosas. La asociación de su empresa con Obrainsa, entre el 2003 y el 2009, y que, en una obra, hubo múltiples arbitrajes y adendas. Y por otro lado, que como jefe de campaña de PPK habría estado presente cuando se recibió dinero en efectivo de una empresa constructora y que luego, ya en el gobierno, habría favorecido a esa empresa.

Lo primero sucedió hace muchos años. Lo segundo tiene sus complicaciones. Primero porque en sus ramificaciones, se parece a la situación que ha terminado con Keiko Fujimori en prisión preventiva. Además, porque dos dirigentes del partido PpK han visto en esta la oportunidad de revancha, al no haber sido premiados con posiciones importantes en el Ejecutivo; y, uno tercero, por haber sido sacado abruptamente del Gabinete en el contexto de las denuncias de Los Cuellos Blancos del Puerto. Coinciden los tres en que Vizcarra, como jefe de campaña, tenía que saber y debe rendir cuentas.

En su momento la justicia verá cuánto de carne hay realmente en todo esto. Pero, a nivel político, se ha creado un problema grande. En el imaginario ciudadano el ‘club de la construcción’ (mencionado en las dos denuncias contra el presidente) ya casi es tan mala palabra como Odebrecht; y si se le pone de fondo música tenebrosa, puede chamuscar a todo lo que se le asocie.

Vizcarra tiene una aprobación muy alta, la que se debe casi exclusivamente a su liderazgo en el tema anticorrupción. Las dos acusaciones golpean esa imagen. Un Vizcarra a la defensiva y debilitado en las encuestas envalentonaría a los que no quieren que prosperen las reformas en política y justicia.

Hay un sector preocupado (me incluyo) y otro que no solo lo disfruta, sino que hará lo imposible por sacarle todo el filo político que se pueda; si se pudiera llegar a la vacancia, mejor.

Quizás sea el momento para que el presidente explique de manera más clara y detallada cada uno de los temas y no se limite a decir que son mentiras de los que quieren acabar con él por su lucha anticorrupción. Ese argumento se desgasta rápido.

También en el Congreso, las acusaciones de corrupción y la política se entrelazan. El congresista Becerril ha sido objeto de nuevas denuncias sobre su rol en la asignación de obras en Chiclayo (Caso Los Temerarios del Crimen). Llueve sobre mojado. Él y sus hermanos (uno fugado y el otro condenado) ya estaban asociados a ello.

El problema político para Fuerza Popular es que tendrá que hacer, como con otros, nada estéticos malabares para blindarlo. Ello, en la medida en que la disputa por quién tiene la mayoría en el Congreso es ahora voto a voto y necesitan a Becerril. También a Donayre y por ello la vergonzosa complicidad (quizás sancionable penalmente) para evitar que vaya a la cárcel, como ha ordenado reiterativamente el Poder Judicial.