:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/QEHBSDOFXBAZHFDBBTGYPD6FOI.jpg)
El Perú se quedó sin Congreso. No sabemos la fecha exacta en que sucedió, pero es fácil constatarlo. El 9 de diciembre, día del referéndum, se extendió el certificado de invalidez respectivo.
El Congreso, según la Constitución, legisla y fiscaliza. ¿Puede el Congreso, hoy, dar leyes? ¿Puede el Congreso, hoy, fiscalizar al Ejecutivo?
El Congreso no ha muerto, pero agoniza. Ha sido inútil, obstruccionista, ciego y, en algunos casos, inmoral. Lo suyo se parece más al suicidio que al asesinato.
Un Congreso estéril no conviene a nadie. Si la mayoría congresal aprueba leyes que tienen que ser observadas y que, de hecho, son rechazadas por la población, ¿quién legisla?
Estamos en situación parecida a la de 1992. En ese entonces, Alberto Fujimori optó por cerrar el Congreso y quebrar la Constitución. Martín Vizcarra, felizmente, no es Fujimori.
El presidente empuja al Congreso a través de la opinión pública. Eso, por supuesto, es menos malo que presionar para nuevas elecciones congresales.
Ambos poderes del Estado tendrán que convivir en este esquema por dos años y medio.
El problema es que no hay muchas ideas sobre lo que hay que hacer. Plantear reformas constitucionales sin saber cómo se van a desarrollar es, a todas luces, una mala idea.
Alejandro Toledo convocó a elecciones regionales sin saber qué iban a ser las regiones ni qué funciones tendrían sus autoridades. Lo hizo el 17 de marzo del 2002. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales se aprobó el 19 de noviembre. Es decir, primero elegimos y después íbamos a ver de qué se trataba.
El desastre administrativo y electoral de las regiones refleja, obviamente, este pecado de origen. Es consecuencia de la politización de una reforma.
Hoy corremos un riesgo parecido. Hemos aprobado reformas constitucionales sin saber qué contenido legal iban a tener. Debió ser al revés.
La norma constitucional debe ser genérica, de manera de dar cabida a la evolución de las leyes bajo su amparo. La reacción contra el Congreso nos llevó a aprobar sin ver.
El presidente dijo, después de votada la reforma, que el Ejecutivo tenía ya listo el proyecto de ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. ¿No debió darlo a conocer antes de hacernos votar por la reforma?
El procedimiento no ha sido democrático; de respaldo mayoritario, sí, pero no de naturaleza democrática.
El presidente Vizcarra cree que las reformas aprobadas “son un gran avance para el fortalecimiento de la democracia”. Cabe dudarlo.
En su mensaje pos-referéndum, Vizcarra anunció “la conformación de una Comisión de Alto Nivel de Reforma Política […], a fin de presentar propuestas integrales al Congreso, que ayuden a fortalecer las instituciones. Convocaremos a líderes y profesionales notables, honestos, y con ganas de trabajar de manera desinteresada…”.
Se entiende que el Congreso sea casi inútil para legislar. Pero ¿qué de democrático tiene nombrar a dedo a unos notables? Ellos, en última instancia, van a legislar y reformar el sistema político del país, según anuncia el propio jefe del Estado.
¿En qué Constitución dice que una junta de notables hace la reforma política e institucional de un país? ¿Estos “notables” van a proponer nuevos referendos también?
El presidente puede hacerse asesorar por quien quiera sobre lo que quiera. Sin embargo, solo él tiene iniciativa legislativa, no los notables, por “notables” que sean. Y siempre debe dar cuenta al Parlamento, por vacuo que sea.
Para una democracia es tan peligroso un Congreso con poder desmedido como un Ejecutivo sin contrapeso. Tenemos que salir de ese péndulo.
Los instintos poco democráticos de lo que fue la mayoría en el Congreso no deben ser desplazados por los instintos poco democráticos de la calle.
El rechazo al Congreso no debe convertirse en turba. Una turba es mayoritaria, pero no democrática.
El presidente Vizcarra tiene al respecto una gran responsabilidad. Debe transformar el rechazo en una guía de acción para gobernar. Y, sobre todo, debe empezar a gobernar.
Es obligación del presidente velar por el orden interno. No necesita para ello del Congreso. ¿Podría empezar al menos con esto? ¿O también necesita una junta de notables para hacerlo?
