Menos aranceles para todos

La Sunat, según lo ha anunciado su jefe, Javier Franco, en una conferencia internacional, está evaluando gravar las importaciones menores a US$200, que hoy entran al país libres de IGV y de aranceles. La evaluación obedece a que hay que gente que trae mercadería para hacer negocio, pero la trae dividida en múltiples envíos que no superan individualmente dicho límite. Esto desnaturalizaría el sentido de la exención, que fue creada pensando en compras para uso personal.

Pero si la desnaturalización es el problema, creemos que hay una solución más simple; o, mejor dicho, dos, que van en sentido contrario. En el caso de los aranceles, se puede elevar el límite “al infinito”, como dicen los economistas, que es lo mismo que reducir los aranceles a cero, como hemos propuesto repetidamente en esta columna. En el caso del IGV, siguiendo el principio de neutralidad tributaria, lo que debería reducirse a cero es la exención.

Reducir a cero la exención significa que todas las importaciones, independientemente de su monto, paguen IGV. El sistema tributario no debería hacer diferencias basadas en el origen del producto. Puede parecer impráctico cobrar montos menores de IGV antes de retirar los productos de la aduana, pero hoy en día se puede pagar en línea apenas llega la mercadería, ya sea directamente en la plataforma de la Sunat o en la del “courier”.

El caso de los aranceles es exactamente opuesto. Los aranceles son, en sí mismos, un tributo diferenciado por origen; un tributo que, en nuestra opinión, debería desaparecer, no solamente para las importaciones menores de US$200, sino también para las mayores, ya sea que vengan en sobre o en contenedor.

La reducción de aranceles es buena para el país porque aumenta la competencia en el mercado interno y obliga a los productores nacionales a ser más eficientes. El aumento de las importaciones, además, incrementa la demanda de dólares, lo cual sube el tipo de cambio y hace más competitivas las exportaciones. La reducción sustancial del arancel implícito –un promedio ponderado de las tasas aplicables a los distintos productos importados– entre los años 2000 y 2010 ayudó a que se duplicara el valor real de nuestras exportaciones.

Los ingresos fiscales que se perderían no son muchos: apenas S/1.700 millones o 0,14% del PBI el año pasado, parte de lo cual retornaría al fisco con otro nombre porque aumentarían las utilidades de los importadores. Lo que se ganaría en eficiencia es mucho más.