Mesa de trabajo

Las fuerzas democráticas opositoras al Gobierno no han sido capaces hasta ahora de concertar una salida a la crisis política, aunque tal parece que la vacancia va a caer por su propio peso quizá más temprano que tarde. Sin embargo, y quizá por eso mismo, hay una tarea que esas fuerzas políticas sí deberían poder abordar desde ahora: formar una mesa de trabajo que prepare las bases de un plan de recuperación nacional y de reformas que ataquen los problemas estructurales que se han ido profundizando en el país al punto de volverlo prácticamente inviable.

Formar una mesa de este tipo no es complicado porque no amenaza los egos ni las ambiciones políticas de los líderes y, más bien, tiene una serie de efectos secundarios muy positivos: crea un espacio y un tramado de relaciones entre las agrupaciones que facilitaría luego las conversaciones para la formación de alianzas o frentes que permitan unificar candidaturas de cara al próximo proceso electoral, algo indispensable para disminuir los riesgos de la atomización excesiva frente a una izquierda que irá relativamente unificada por el solo hecho de que tiene muy pocos partidos inscritos en este momento.

Al mismo tiempo, les permite a los partidos de centroderecha, hoy vilipendiados, recuperar algo de legitimidad ante la ciudadanía al mostrar una capacidad no solo de juntarse, sino de hacerlo para formular un plan de transformación nacional. Es decir, hacer ver que no están allí simplemente para aspirar a cargos públicos, sino para elaborar y aplicar propuestas serias de solución a los problemas del país.

En esta tarea los partidos podrían invitar a institutos de investigación, profesionales y a la academia para que les ayuden en la formulación de los planes. De esa manera, la propuesta se convierte en un acto de construcción colectiva que involucra ya no solo a los partidos, sino a la sociedad civil. Una suerte de esfuerzo conjunto nacional para recuperar el país.

No estamos hablando solo de propuestas de reforma política, donde la tarea inmediata es avanzar las conversaciones necesarias para alcanzar los 87 votos que permitan aprobar la bicameralidad, que es una condición para empezar a devolverle viabilidad a nuestra democracia. Y complementarla con otras reformas que le den gobernabilidad al próximo gobierno. Esa puede ser la primera tarea de la mesa.

Pero necesitamos mucho más que eso. De poco servirá elegir a un nuevo gobernante si nada podrá resolver porque el Estado está trabado por regulaciones asfixiantes y capturado por incompetentes o por grupos de interés cuando no por mafias de distinto tipo o por el crimen organizado, y si la informalidad y la ilegalidad campean en el territorio nacional.

Necesitamos planes y leyes para restablecer o implantar la meritocracia y la gestión de desempeño en el Estado, así como digitalizarlo y simplificarlo para reducir los espacios de corrupción y reformar profundamente la formalidad a fin de incluir a las grandes mayorías informales que son la principal injusticia estructural del país. También para reformar a fondo el sector salud, recuperar la educación pública, reformar la descentralización, darle gobernanza a la minería, y modernizar el sistema judicial y la Policía Nacional para establecer el imperio de la ley.

Necesitamos una gran fuerza estructuradora del país, una legalidad inclusiva y facilitadora de las iniciativas individuales y empresariales. Necesitamos liberar las fuerzas productivas.

La ola de reformas de los 90 se agotó. Se ha restaurado un intervencionismo económico de baja intensidad y tenemos una selva normativa que ahoga la actividad de un lado, y la ley de la selva de otro, donde campean la informalidad y la ilegalidad. Sin planes para enfrentar esa realidad, el próximo gobierno fracasará.