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La semana pasada, en un webinar organizado por el proyecto Perú Debate 2021 sobre los problemas de gobernabilidad que se insinúan para el próximo quinquenio, Jorge Nieto señalaba que El Salvador y Colombia en la actualidad son referencias de nuestros futuros posibles, por lo que debemos mirarlos con atención. Estoy muy de acuerdo. El Salvador nos muestra el riesgo de desarrollar lógicas autoritarias desde el Poder Ejecutivo, donde un líder demagógico pero efectista es capaz de construir respaldo popular levantando banderas como la lucha contra la corrupción y la clase política. En Colombia, por el contrario, primó la continuidad de un sistema político crecientemente agotado y desconectado de la ciudadanía, con la radicalización de los extremos políticos, con movilizaciones masivas que dan lugar a focos de violencia y represión con costos en vidas cada vez más altos.
En El Salvador, Bukele ganó las elecciones de febrero de 2019 con más del 53% de los votos, rompiendo la suerte de bipartidismo existente desde hacía casi treinta años. Pero su partido apenas tenía diez representantes en el Congreso unicameral de 84 miembros, elegido en marzo de 2018. Bukele ha tenido la habilidad para gobernar sobre la base de un discurso basado en el combate a la corrupción y a las élites políticas tradicionales, y recogiendo las demandas de orden y combate contra la delincuencia y el pandillaje, aunque a costa de caer en serias violaciones a los derechos humanos. De hecho, en febrero de 2020, Bukele irrumpió en el Congreso acompañado por militares armados para forzar la aprobación de una operación de endeudamiento para financiar su política de combate a la criminalidad, pero que despertaba mucha desconfianza. La Sala Constitucional de la Corte Suprema censuró esta iniciativa presidencial. Luego, la pandemia ocupó la parte central de la agenda, y Bukele logró legitimarse con una lógica de enfrentamiento frontal, con una combinación efectiva de medidas restrictivas fuertes y políticas de bonos y reparto de alimentos, algunas de las cuales fueron también cuestionadas por su constitucionalidad.
El asunto es que, en las recientes elecciones legislativas de febrero de este año, el partido de Bukele, Nuevas Ideas, obtuvo una mayoría aplastante, logrando 56 representantes: más de dos tercios de la representación. Con el control total del Legislativo, apenas en su acto de instalación la semana pasada, Bukele destituyó arbitrariamente a los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general. En suma, a pesar de no contar con suficiente respaldo legislativo, con medidas efectistas desde el Poder Ejecutivo se pudo construir un apoyo popular suficiente para, en dos años, contar con una mayoría que le permite intervenir otros poderes y gobernar sin contrapesos.
Colombia, por su parte, se encuentra muy golpeado por la pandemia, y exhibe un importante déficit fiscal y comercial que requiere implementar medidas de ajuste (Perú también tiene un preocupante déficit fiscal, pero tenemos superávit comercial). Pero el presidente Duque, en sus últimos quince meses de gobierno, lanzó una propuesta de reforma tributaria que buscaba cerrar esas brechas, pero sin una estrategia política adecuada. No logró los consensos necesarios en el Congreso ni entre sus aliados, de modo que la propuesta se aisló políticamente y terminó siendo el detonante de un malestar ciudadano largamente incubado. Lo peor es que la respuesta gubernamental a las protestas fue deslegitimarlas, hablando de manipulación, denunciando la supuesta presencia de infiltrados y recurrir a lógicas militarizadas, represivas y violentas. En suma, un Ejecutivo y una élite política conservadora que pierde la capacidad de sintonizar con la población y entender sus demandas, que entiende a la oposición desde lógicas conspirativas propias de la guerra fría, genera una ola de indignación que luego desata una espiral de violencia cada vez más difícil de apaciguar.
No estamos condenados a caer en esos escenarios. Pero cada quien debe sacar las lecciones adecuadas de esas experiencias.
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