No hay tiempo para el adelanto de elecciones, por Jaime de Althaus

La propuesta de Francisco Sagasti de adelantar las elecciones expresa la necesidad de poner fin a un gobierno que está causando mucho daño al país. Pero la fórmula, como bien ha argumentado César Delgado-Guembes, puede tomar 42 meses, de modo que recién se plasmaría faltándole apenas un año al gobierno de Castillo. Para ese entonces, la destrucción del Estado y la economía podrían estar en un punto de no retorno.

Esto, si se le da trámite en el Congreso, lo que difícilmente ocurrirá porque pocos congresistas votarían por autoliquidarse. Por eso, no es casualidad que la ministra/congresista Betssy Chávez haya presentado un proyecto de ley también para adelantar las elecciones, porque sabe que es la manera de salvar al presidente Castillo. En otras palabras, si se van todos, no se va nadie.

Pero, además, hay una razón de fondo para soslayar esta alternativa: se presenta como una fórmula salomónica porque reparte equitativamente el peso de la crisis política entre el Ejecutivo y el Legislativo, cuando todos sabemos que, si bien el Congreso amenaza con aprobar un par de leyes antirreforma y algunos congresistas se coluden con el Ejecutivo en operaciones turbias, de lejos el gran causante de la degradación nacional y el único responsable del nombramiento de personas que responden solo a intereses partidarios, informales o hasta delincuenciales, es el Ejecutivo. No hay punto de comparación entre el daño que está ocasionando el Ejecutivo a la institucionalidad estatal y a la economía con el que pueda estar ejecutando el Congreso.

Veamos, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la minería. Un conjunto de extorsiones, completamente fuera de control, están paralizando la producción de cobre. A Cuajone, que nunca había tenido un ataque, hace semanas que se le ha cortado el agua –dejando a cinco mil personas sin ella– y se le ha destruido la línea férrea. Las Bambas apenas ha podido trabajar la mitad de los días transcurridos desde que se inició este gobierno, poniendo a la empresa al borde de la inviabilidad. Ahora se ha bloqueado la Carretera Central contra Toromocho. Y así sucesivamente.

La causa de este profundo desorden está no solo en las expectativas que despertó el gobierno de Castillo, sino en la captura de todos los puestos claves en el manejo y la prevención de conflictos por operadores más o menos incendiarios de Cerrón y Bellido. La Secretaría de Gestión Social de la Presidencia del Consejo de Ministros está en buena cuenta manejada por Cristian Quispe, puesto allí por Bellido. La exsecretaria Giselle Huamaní, que venía del 2020, tuvo que renunciar. La dirección general de Gobierno Interior del Ministerio del Interior está en manos del antiminero Sergio Cruz Hilacondo, del Frente Amplio. Y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ya es un feudo de Vladimir Cerrón. Allí, la jefatura de la Oficina General de Gestión Social pasó de Marco Sipán –un dirigente vinculado a Bermejo que se puso del lado de las comunidades de Chumbivilcas contra la empresa y que habría contratado a 110 operadores con la misión de recoger firmas para inscribir el partido Vamos Pueblo, que llevaría la candidatura presidencial de Bermejo– a Tomás Miranda, recomendado de la madre de Vladimir Cerrón, con la supuesta misión de reemplazar a los 110 que puso Sipán por operadores de Perú Libre, con la consigna, al parecer, de apoyar a la “minería popular” o informal y a las comunidades que piden hacerse cargo de los proyectos mineros.

Estos operadores no conocen los temas y no van a prevenir –sino a alentar– los conflictos. Allí tenemos una combinación de destrucción estatal con destrucción económica. Para no hablar de la corrupción, con modalidades copiadas de Los Dinámicos del Centro. El Minem es ya un gobierno regional más.

Es lo que tenemos que detener. No podemos esperar cuatro años.