Nuevas autoridades: retos enormes

El día de ayer, 13.302 autoridades elegidas asumieron sus cargos en los 25 gobiernos regionales, 196 municipalidades provinciales y 1.694 distritales; muchas de ellas por primera vez y sin experiencia de gestión previa. En el caso de Lima y el Callao, el 28% de los alcaldes no tiene experiencia previa en cargos de elección popular y 3 de cada 4 alcaldes distritales gobernarán por primera vez un municipio. Algunas de las autoridades elegidas tienen investigaciones y procesos judiciales pendientes y muchas otras tienen claros sesgos anti empresa privada y una agenda de lucha de clases.

La no reelección y la inexistencia de partidos políticos nacionales hace que las autoridades, agrupadas en feudos de poder (y en algunos casos feudos de corrupción), pasen por un largo periodo de aprendizaje que se refleja en la mala calidad de servicios para los ciudadanos. Y es que son estas autoridades las que deberán tomar las decisiones sobre el desarrollo de sus regiones entre el 1 de enero del 2023 y el 31 de diciembre del 2026. Para entender lo que ello implica, el Presupuesto 2023 para los gobiernos regionales es de S/43 mil 870 millones y el de los gobiernos municipales S/30 mil millones. El rol de los gobiernos regionales es promover y regular actividades y servicios en materia de desarrollo económico (agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, energía, minería), de desarrollo social (salud, educación) y de medio ambiente. Son además los llamados a fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura. Sin embargo, esto rara vez ocurre de manera eficiente. Muchas de estas instituciones plagadas de corrupción imponen barreras al libre desarrollo de las inversiones privadas y con ello limitan el desarrollo económico y la reducción de la pobreza en sus regiones.

Uno de los principales problemas que enfrentamos es la limitada capacidad de gestión pública. Esta incluye debilidades en los procesos de planeamiento, presupuesto, inversión y compras públicas, así como en la gestión de los recursos humanos y el monitoreo del gasto público. Y la falta de capacidad en la gestión del gasto público lleva a que la calidad de la infraestructura, según el indicador del World Economic Forum, se encuentre muy por debajo de las economías avanzadas. La falta de acceso a infraestructura, por su parte, impide el crecimiento de la economía al limitar el desarrollo del sector privado; afectando directamente el acceso de los ciudadanos a infraestructura y servicios de calidad. La falta de una adecuada gestión de los recursos públicos en las funciones que le competen a los gobiernos subnacionales ha resultado en una marcada insatisfacción de los ciudadanos con la clase política y con la democracia. No por nada solo el 11% de los peruanos está satisfecho con la democracia que existe en el país.

Esta insatisfacción con la democracia y la clase política peruana, sumada a que en el Perú aún existe un gran porcentaje de peruanos que vive en vulnerabilidad con necesidades insatisfechas, y una clase política populista que no logra comprometerse con el desarrollo del país, hace que el discurso de la lucha de clases y el racismo calen hondamente en muchos peruanos con el riesgo del descrédito del sistema y el uso de la violencia como alternativa. Y esto es lo que estamos viviendo hoy. Es por ello que el rol de las autoridades locales será crucial si lo que buscamos es lograr mantener la paz, satisfacer las necesidades de los ciudadanos y lograr encaminar el Perú al desarrollo. Mas aun, cuando existe un movimiento de secesión en el sur del país que no debe ser tomado a la ligera.

El objetivo de la descentralización, acercar al ciudadano a las instancias de toma de decisiones para lograr un mayor y mejor acceso a servicios, rendición de cuentas y transparencia, no ha logrado los resultados esperados. La falta de capacidad de las autoridades subnacionales es en gran parte responsable de la crisis actual por lo que urge poner en agenda, además de la reforma política para mejorar la calidad de las autoridades, una reforma constitucional al capítulo de la descentralización.