Así es la nuez, por Fernando Cáceres

El primer día de mi gestión como viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, en el 2017, me recibieron dos comitivas de congresistas y alcaldes. Todas las reuniones eran más o menos iguales. Los alcaldes y congresistas pedían cita para que se prioricen sus obras, argumentando: “Nosotros apoyamos al gobierno en la campaña”, “Estamos apoyando al presidente ahora” y “Queremos que nos apoyen con el expediente de este colegio”.

Cada mes llegaban aproximadamente 200 pedidos de información de congresistas sobre proyectos nuevos de infraestructura educativa y desde sus despachos realizaban las correspondientes gestiones/presiones para que se reciba a las comitivas de alcaldes y congresistas. Pedidos que, mágicamente, se multiplicaban en la semana previa a la presentación de la ministra ante una comisión parlamentaria o el pleno del Congreso.

Considerando que la brecha de infraestructura educativa es de alrededor de S/100.000 millones y que solo se cuenta con alrededor de S/1.000 millones al año para invertir –lo cual siempre se les explicaba–, evidentemente no todos los pedidos de obras podían atenderse. Había que establecer criterios –pensados en el interés público– para priorizar los proyectos.

Por ello, durante la gestión de Marilú Martens se creó un algoritmo que consideraba razones de eficiencia (número de beneficiados), equidad (pobreza, ruralidad) y riesgo (situación de los colegios), para priorizar las obras. Y en base a estos criterios se realizaba un ránking de las obras a priorizar, que blindaba hasta cierto punto a los funcionarios del Ejecutivo de las presiones políticas.

Y digo hasta cierto punto porque la estrategia que usaban muchos congresistas, incluyendo algunos de los ‘avengers’ pero también de otras bancadas, era clara: “Apóyame a priorizar mi proyecto o ejerceré sobre ti mayor presión en tu presentación frente al Congreso”. Y así lo hacían. ¿Alguien dijo obstruccionismo?

Así, cada vez que los congresistas y los alcaldes pedían reunirse, se les explicaba que había un orden de prelación pensado en el interés público y que este no se podía alterar. La cara de disgusto frente a ello no se hacía esperar. Todos pedían que algún proyecto nuevo se saque durante su gestión.

Aunque no quiero pensar que el móvil detrás siempre fue sacar un beneficio económico propio, los ‘kenjivideos’ muestran una explicación muy probable del desmedido interés congresal por las obras: “Mira, ¿sabes cuál es el negocio de los congresistas? A ver, qué alcaldes tienes, digamos el alcalde provincial tal, [le preguntas]: ‘¿cuál es tu proyecto más caro?’ Ya, de 100 millones, [entonces] el 5 % nomás que te deje. Cierras tú con el alcalde, gestionas tú con el Ejecutivo y se realiza la operación”, aseveró Fredy Aragón, el defenestrado gerente de Sucamec.

El algoritmo del Minedu es un buen ejemplo de que con un poco de creatividad y voluntad, se puede avanzar anteponiendo el interés público al individual. Sin embargo, el caso de las obras en colegios también es ilustrativo de la presión a la que los congresistas someten a los funcionarios del Poder Ejecutivo, a fin de llevar agua para su molino.

En un gobierno con mayoría parlamentaria, estas embestidas congresales pueden ser más o menos controladas. Pero en uno sin mayoría, como este, el priorizar una obra por sobre otra puede ser la diferencia en qué te pregunten y cómo te traten en una comisión congresal. Tras los ‘kenjivideos’, y ad portas de empezarse una nueva gestión, que también tendrá minoría legislativa, seamos conscientes de la espada de Damocles que usan los parlamentarios para sacar adelante sus obras. Muchas veces, por razones incluso aparejadas con corrupción.