Los golpes de suceden cuando las Fuerzas Armadas toman el poder, deponen al presidente electo, cierran el Congreso, y controlan otros poderes y organismos públicos para ponerlos a su servicio. Por supuesto, los golpes de Estado no son solo una alteración del orden , sino una ruptura total de dicho orden.

¿Sucede esto en el Perú? La respuesta es negativa, porque las Fuerzas Armadas respetan la Constitución y se desempeñan de acuerdo con las funciones y deberes que ella establece. Además del golpe de Estado, existe otra modalidad de alterar el orden democrático y usurparle el poder al pueblo. Es aquella que los franceses llaman ‘coup de Palais’; es decir, un golpe desde Palacio, y sucede cuando el inquilino de Palacio de Gobierno, apoyado por las Fuerzas Armadas, cierra el Congreso y controla los otros poderes y organismos del Estado. Esta forma de dictadura se llama cívico-militar y el ejemplo más reciente en el Perú fue el golpe que propinó Alberto Fujimori en 1992.

¿Existe esto en el Perú? Nuevamente, la respuesta es negativa. El Congreso, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, particularmente, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y la prensa independiente que informan sobre los hechos buenos y malos de este gobierno, ¿quieren derrocar al gobierno de Pedro Castillo y contribuyen a alterar el orden democrático? Lo que afirmó el presidente al convocar la intervención de la OEA, apelando a la Carta Democrática y dando a entender que hay una especie de complot contra su gobierno por parte de los órganos del Estado, la prensa independiente y la derecha, para alterar el orden democrático y derrocarlo es una ilusión.

Ninguna de esas instituciones se ha puesto de acuerdo para sacarlo del poder; solamente están cumpliendo con lo que manda la Constitución y las leyes. En consecuencia, no pretenden alterar el orden democrático. Al revés, unos más que otros actúan dentro de dicho orden. Los dos intentos de vacar al presidente por incapacidad moral permanente fueron totalmente constitucionales.

Así como fue toda una farsa –montada por el fujimorismo y parte de la derecha– el tema del fraude, también es una farsa el alegato de que el orden democrático en nuestro país está alterado. Es cierto que la política está en una crisis profunda que se ha venido agudizando en los últimos años, pero no por causa de una alteración del orden democrático, sino porque hace tiempo que está infectada de corrupción, la que se ha agudizado en este gobierno. Con ello, no digo que todos los ministros y altos funcionarios sean corruptos. Pero si no denuncian la corrupción y miran hacia un costado, los ministros son solidariamente responsables por los actos de gobierno.

Por eso, hacen bien Monseñor Barreto, el recientemente repuesto procurador general del Estado, la fiscal de la Nación, otros fiscales y jueces, y algunos congresistas en denunciar la corrupción enquistada en este gobierno. Todos lo sabemos, aunque algunos no quieren aceptarlo: la corrupción es supra-ideológica, se ha enquistado en sectores de la izquierda y de la derecha. Ya no hay una puerta giratoria; ahora hay dos puertas giratorias.

Hace rato que la ciudadanía demanda que Pedro Castillo le rinda cuentas. Exige transparencia y no secretismo. Lo que implica que no se quede callado cuando es requerido por la fiscalía. Su secretismo le hace mucho daño ante la opinión pública y, por eso, es necesaria la transparencia. El pueblo quiere la verdad y el presidente tiene la obligación moral, más que otros, de decirla, precisamente por la alta investidura que ostenta. Pero, sobre todo, porque desde la fiscalía se afirma que es el cabecilla de una organización criminal. Aquí no es solo un asunto de credibilidad, sino de pruebas. En consecuencia, el presidente Castillo debe desmentir objetivamente las afirmaciones de la fiscalía, dentro, claro está, de la presunción de inocencia.

En cuanto a la fiscalía, vemos que está cumpliendo el papel que le corresponde, no desde ahora, sino de hace rato. Pero, claro, no es fácil. Se ha enfrentado y se enfrenta a grupos poderosos y no puede dar marcha atrás porque, si lo hace, nuestra patria quedará en manos de aquellos que usan la política para delinquir y no para servir.

El momento es propicio para recordar las palabras del exfiscal argentino Luis Moreno Ocampo, protagonista en la condena perpetua del tirano Videla y de otros militares. “Es fundamental recordar que la ley puede funcionar contra gente muy poderosa”.

Francisco Miró Quesada Rada es exdirector de El Comercio

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