Horas oscuras en la fiscalía

No conozco a Patricia Benavides. Como muchos, admiré su decisión de investigar y denunciar a Pedro Castillo mientras la gavilla delincuencial que lideraba y lo acompañaba nos robaba en flagrancia y tiempo real. Aclaro, de paso, que, si el nivel de pruebas mostradas contra Dina Boluarte tuviera similar peso que las reunidas contra su excompañero de plancha presidencial, no dudaría en respaldar al señor Villena. Creo, no obstante, que ese momento aún no ha llegado.

El Caso Benavides, volviendo al punto, está desnudando a un Ministerio Público como objeto de disputa por grupos de intereses diversos. Una primera capa muestra conflictos entre bandos enfrentados por el éxito o fracaso (según sea el caso) de los llamados casos emblemáticos y su extrema politización. Pero una segunda mirada arroja batallas por el control a secas de la institución bajo influencias e intereses a negociar, cual mercado persa.

Los dichos de Jaime Villanueva tendrán que ser corroborados en lo que se refiere no solo a la señora Benavides, sino a diferentes personas y autoridades. Corresponderá al Eficcop, por ende, exhibir las evidencias suficientes y a los jueces pronunciarse en consecuencia.

Mientras, lo que se nota con suma gravedad es que esta guerra no toma prisioneros. Al punto de afectar la propia función jurisdiccional de los magistrados que decidirán sobre el desenlace de este conflicto. Hablo de la garantía elemental que deben dar los jueces de actuar con autonomía e independencia de criterio.

Hace unos días sucedió con el juez Juan Carlos Checkley, que en la práctica fue obligado por la JNJ a apartarse del caso del golpe de Estado de Pedro Castillo con argumentos endebles. Y acaba de suceder con la jueza Jacqueline Tarrillo y otros magistrados, denunciados por la fiscal Delia Espinoza, aduciendo favorecimiento a Benavides al aceptar una acción de amparo formulada por esta contra la JNJ ante el Sexto Juzgado Constitucional.

Ayer en estas páginas, Natale Amprimo propuso una fórmula para reemplazar transitoriamente a la Junta de Fiscales Supremos (mientras se reforma la JNJ y vía una modificación constitucional) para que los expresidentes del Tribunal Constitucional designen a los sucesores de los actuales. Agregaría yo que esa junta transitoria también alcance propuestas de reforma para el Ministerio Público.

En medio de la anomia institucional en la que estamos, no puedo más que respaldar la iniciativa de Natale. Busquemos un poco de luz en la oscuridad.