Degradación

Lo que revelan los últimos informes del INEI sobre la pobreza, los ingresos y el empleo es que en Lima se ha producido, desde el 2019, un grave repliegue del sector formal de la economía. Una involución. La pobreza ha aumentado en 13 puntos porcentuales desde ese año en la capital, casi el doble que a escala nacional.

Es verdad que la inflación, más alta en alimentos y transporte, afectó más a los limeños de menores ingresos y favoreció a los agricultores. Pero no solo los precios subieron. Los ingresos bajaron. En Lima cayeron abismalmente, en 17,7%, desde el 2019. En cambio, en el sector rural han subido.

Si la pobreza sigue aumentando año a año, el país se vuelve inviable. Lo que está ocurriendo es una fuerte retracción de la inversión privada formal. El año pasado fue negativa y el primer trimestre de este año ha caído en 12%. Para que la inversión privada retorne con fuerza, tiene que haber confianza. Y el problema es que la confianza en el futuro del Perú ha quedado gravemente herida luego de la elección de Pedro Castillo y de las movilizaciones insurreccionales.

Es verdad que una menor inflación este año, un dólar a la baja, precios del cobre y del oro al alza, el fin de los bloqueos y la paz política entre los poderes brindan cierta expectativa de mejora, pero tampoco sabemos qué impacto podrá tener el fenómeno de El Niño que se viene y nada estamos haciendo para recuperar el crecimiento potencial. Las trabas estructurales siguen allí y se profundizan.

Ayudaría que los partidos de centro y derecha estuvieran trabajando las bases de un programa común para el 2026, pero eso no se está dando. La inopia política es pasmosa. El Congreso tendría que avanzar en reformas para devolver libertad económica, reducir fuertemente el peso regulatorio sobre las empresas, simplificar los regímenes tributario y laboral, implantar la meritocracia en el Estado y mejorar la gobernabilidad y la representación política, pero eso tampoco está ocurriendo.

Más bien, vamos en la dirección contraria. Decisiones vergonzosas como las de blindar a ‘Los Niños’ y elegir a Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo degradan la institucionalidad del país y, por lo tanto, agravan la desconfianza en el futuro nacional. Entre otras razones, porque le dan la razón a los llamados “caviares”, fortaleciendo su posición moral y su impulso de cara a las elecciones del 2026.

El problema no está, como argumentan algunos, en que el Congreso designe autoridades o magistrados reflejando mayorías políticas. Es lo normal en una democracia. Lo curioso es que acá no ha sido una mayoría de derecha o de izquierda la que eligió al defensor, sino una mayoría “anticaviar” que atraviesa bancadas de derecha e izquierda. Una coalición de investigados, acusados y “anticaviares” auténticos pudo mucho más que las pocas bancadas principistas de derecha e izquierda que votaron en contra. Pero si lo que se quería era la salida de Eliana Revollar porque no se quiere a una “caviar” presidiendo la comisión (de siete integrantes) que elige a los miembros de la JNJ, por lo menos se debió escoger a una persona calificada, de nivel. No había apuro. La JNJ se renueva en el 2025.

Mucho más perniciosa y peligrosa para el crecimiento del país es la izquierda radical que el llamado “caviarismo”. Una defensoría manipulable por Cerrón podría sumarse a la extorsión antiminera, por ejemplo.

Dado que ‘Los Niños’ triunfaron y no van a ser desaforados, las izquierdas radicales, junto con ‘Los Niños’ y los denunciados y separados de todos los grupos podrían ganar la Mesa Directiva. Para diluir parcialmente esa amenaza, podemos terminar con una nueva Mesa Directiva conformada por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Podemos Perú, Perú Libre y el resto de las izquierdas castillistas. Un milagro de la concertación (o de la complicidad).