Parafraseando a la presidenta Dina Boluarte que, en noviembre pasado, cuando le preguntaron sobre las reuniones –cada vez más visibles al día de hoy– de su hermano Nicanor con prefectos, aspirantes a prefectos y funcionarios del IPD, tuvo la infeliz respuesta: “Mi hermano puede recibir a quien se le pegue la gana”, habría que decirle: “Usted puede tener las joyas y relojes de alta gama que quiera, pero tiene que declararlos y, si no lo hizo, tendrá que justificar su adquisición”.
Las burdas respuestas esgrimidas –”trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo” y “es un artículo de antaño”– no resultan válidas ni convincentes. Primero, porque, si son uno o varios los relojes adquiridos fruto de su trabajo (aparentemente, ya van cuatro Rolex, según se indica), en vez de darnos una respuesta poco precisa bien podría aclarar cómo fueron adquiridos (finalmente, no es una información que uno no recuerde con facilidad), y si son antiguos, podría demostrar también ello con, por ejemplo, fotos pasadas en las que aparezca utilizando las joyas en cuestión.
La presidenta no debe molestarse por estas interrogantes válidas, pues quien ostenta ese cargo debe saber que está expuesto al escrutinio más severo, no habiendo aspecto que no sea público, pues ella personifica a la nación. Por el contrario, debe exhibir la máxima transparencia, pues ser dignatario de un país es el mayor honor que un ciudadano puede exhibir y eso no solo trae orgullo, sino también obligaciones que se tienen que asumir y entender.
Lo que está ocurriendo es que la presidenta ha estado acostumbrada a pasar por encima de la ley sin problema alguno. Primero, nunca cuestionó ni hizo deslinde alguno respecto de las reuniones clandestinas que, en su época como ministra, se realizaban en la famosa casa del pasaje Sarratea. Luego, pasando por encima de lo que dispone el artículo 126 de la Constitución, ejerció como ministra en paralelo a sus gestiones como máxima representante del Club Departamental Apurímac. Después, ya como presidenta de la República, se encaprichó en forzar una figura claramente inconstitucional como el “despacho remoto”, simplemente porque más le importaba la pompa que respetar el marco constitucional. Y ahora cree que con una frase simplona y evasiva puede no responder por un legítimo requerimiento de información.
El rol de la prensa, como alguna vez leí, no es enfocar la luz del sol pues todos la vemos; la prensa debe poner luz en los entresijos del poder, ahí donde se queda la mugre. La respuesta de quien ejerce el poder es aceptar ello y exhibir la máxima transparencia; no molestarse, pues esas son las reglas del juego democrático, y quien no lo entienda sobra.
En ese sentido, el flamante presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, que es un hombre con experiencia, sabe con seguridad ello y tampoco debe incomodarse frente a las preguntas que sobre el tema se le han planteado. Él no es el abogado personal de la presidenta ni su función consiste en justificar las omisiones de aquella, pero resulta decepcionante que nos diga que para él todo está claro. Me recuerda cuando, con cinismo, la expresidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez se comprometió a entregar la lista de los visitantes de la casa del pasaje Sarratea en una semana, lo que nunca cumplió y menos aún renunció, prefiriendo mantener el cargo, la quincena, la moto y la circulina.
Los peruanos ya no nos damos por satisfechos con una frase preconstruida. Exigimos respuestas y aclaraciones.
Después de Vizcarra quedamos vacunados contra el cinismo político. Hoy hay que desconfiar hasta de Mickey Mouse.