Un componente de primera importancia para ponerle freno a la economía ilegal y que compete directamente al Estado Peruano es mermar el abastecimiento de mano de obra proveniente de la pobreza rural.
De acuerdo con el economista Miguel Pintado, investigador del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), “de los 2,3 millones de hogares agropecuarios en el país, el 10% (240.000 hogares) son pobres crónicos, es decir, padecen carencias monetarias y no monetarias que todavía no logran superar; el 12% (280.000 hogares) son pobres inerciales, es decir, superaron carencias monetarias, pero todavía pasan dificultades para satisfacer necesidades básicas estructurales (como vivienda adecuada, saneamiento, educación, etc.)” (“Revista Agraria”, diciembre del 2023).
Los categorizados como “pobres crónicos” y los “inerciales” suman, pues, 520.000 hogares agropecuarios. Si se les agregan los “pobres coyunturales”, es decir, aquellos que solo sufren carencias monetarias (24%, equivalente a 560.000 hogares), resulta que el 46% de los hogares agropecuarios –más de un millón de hogares y aproximadamente cinco millones de peruanos, considerando un promedio de cinco personas por hogar– están en situación de pobreza. Como es de esperar, el porcentaje se incrementa en la sierra y la Amazonía del país.
La pobreza rural no se reducirá, ciertamente, de un día para otro; pero para avanzar sería conveniente que se tome en serio la pequeña producción agropecuaria: sus gestores son los principales productores de alimentos, su pobreza es particularmente alta y, para el caso que nos preocupa, por necesidad y urgencia se convierten en potencial mano de obra de la economía ilegal.
En la lucha contra la siembra ilegal de la coca se alentó la producción de café y cacao. Esto ha rendido ciertos frutos, pero podrían multiplicarse si el Estado decide asumir el desafío de su promoción. Según la Junta Nacional de Café, en el 2022 se exportó café por más de US$1.245 millones. De acuerdo con la misma fuente, el café se ubicó en el segundo lugar, después de los arándanos, entre los productos peruanos de agroexportación. Y, precisamente, la gran mayoría de productores de café son pequeños productores, con propiedades de hasta cinco hectáreas. Esto significa que su cultivo tiene un elevado impacto redistributivo. En los últimos años, Cajamarca se ha convertido en la región líder en volumen, calidad y productividad, pero café de alta calidad se produce en el norte, el centro y el sur del Perú. La producción podría incrementarse si el Estado colabora en consolidarla tomando muy en cuenta, junto con las particularidades regionales, las mejores prácticas agrícolas, la consolidación de la calidad de las variedades utilizadas, el crédito agrícola y una comercialización superior, que piense principalmente en el productor.
Según el informe de Miguel Pintado, en los últimos diez años ha aumentado el número de hogares rurales que cumple con satisfacer sus necesidades básicas o estructurales; en particular, hay 170.000 hogares más que ahora tienen servicios higiénicos, lo significa que han mejorado sus condiciones de saneamiento. Pero la brecha por cubrir sigue siendo alta.
Más allá de lo básico indispensable, el Estado debe abordar también la cobertura digital, el acceso al riego, la asistencia técnica, la integración vial regional y el acceso a una educación de mayor calidad –y utilidad– para la juventud. La persistencia del componente coyuntural de la pobreza tiene directa relación con las recientes presiones inflacionarias y la recesión económica, y no es un secreto que cualquier estrategia de seguridad exclusivamente represiva será insuficiente para combatir la minería ilegal y las economías ilícitas en su conjunto. Es imperativo, por ello, implementar con urgencia una estrategia integral.