Una de las estrategias más ridículas de nuestra clase política es intentar pasar hechos por opiniones. La vienen aplicando hace años y su expresión más patética la tuvimos esta semana con la gravísima denuncia presentada por el exministro del Interior Mariano González, según la que el presidente Pedro Castillo lo echó para entorpecer las investigaciones que lo involucran.
Vayamos a los hechos: Mariano González fue nombrado ministro del Interior, luego de que por aquella cartera hubieran pasado seis personas antes que él. En ese tiempo se tuvo que encargar de una huelga de transportistas y de la defensa del presidente ante el Congreso, después de que se le acusara de perseguir y amedrentar a Zamir Villaverde. Digamos que ocioso no estuvo.
Entre sus objetivos estaba capturar a la prole escapista del presidente. Por eso, al llegar hizo cambios importantes en la Policía Nacional que incomodaron al Ejecutivo. Cuando accedió al pedido de la fiscal Marita Barreto de conformar un equipo especial de la policía que se encargara de la investigación y captura de los corruptos, se armó el tole tole, y vía un tuit del mandatario lo mandaron a su casa.
Mariano González se puede haber pasado de figureti, lengua larga e ingenuamente se puede haber creído que sería el héroe de la democracia. Peeeeero (así, con e larguísima), los hechos están ahí para quien quiera verlos. Tenemos un presidente que no ha querido allanarse a la justicia y tiene cinco investigaciones abiertas. Ese presidente bota al ministro que horas antes ha reforzado a un equipo que investigará los casos en los que está presuntamente involucrado. Lo manda a casa a los 15 días de haberlo convocado para el cargo sin ofrecerle explicación alguna a la población. Me disculparán, pero ante hechos similares, hace unos años, se hubiera pedido la cabeza de Alan García, el corazón de PPK y el hígado de Toledo. Y no hubiera estado mal, porque los hechos dan cuenta de un presidente que delinque en nuestras narices y usa su poder para evadir la justicia.
Lo indignante ocurrió al día siguiente en el Congreso: la denuncia de González fue desestimada por falta de pruebas y pasó a ser considerada una simple “opinión” del exministro. Al prepotente de Aníbal Torres lo trataron con algodones y a González lo acorralaron como si fuera el delincuente. Nadie preguntó qué medidas estaba tomando Castillo para mantenerse al margen de las decisiones de sus ministros que tuvieran que ver con los casos. Nadie ha levantado la ceja cuando el nuevo ministro del Interior anunció que reforzarán el equipo solicitado por fiscalía con nuevos elementos (¿topos?).
A ver, que baje Dios y lo explique: ahora resulta que, si tienes un audio, aunque no diga nada relevante, eres culpable de algo; pero si cometes un crimen y dejas huellas, el muerto y el arma homicida, pasas piola porque si no hay videito la farra continúa. Este razonamiento tan cínico pertenece a un Congreso atornillado que ha decidido sentarse a aplaudir los delitos que se cometen en sus narices con tal de no levantar el poto de su curul. Patético.