¿Qué reformas políticas?

La semana pasada empecé la discusión sobre qué reformas políticas deberían implementarse de cara a las probables elecciones generales del 2024. Adelanté que, dado el contexto de crispación, desconfianza y protestas, y del escaso tiempo disponible, estas deberían ser muy acotadas.

Para empezar, deberíamos tener un cronograma electoral claro, que requiere definir, por ejemplo, si es que se realizarán las elecciones primarias abiertas aprobadas en el 2019, y suspendidas desde entonces, con lo que el proceso electoral podría iniciar en el 2023. Como en el 2021 y el 2022, existen voces que piden nuevamente su suspensión, con lo que los partidos volverían a recurrir al mecanismo de designación de candidatos mediante asambleas de delegados o elecciones internas que terminan teniendo niveles paupérrimos de participación. Considerando que convendría iniciar el proceso electoral en el 2023 y que en estas elecciones es crucial mejorar la representatividad de los candidatos ante la ciudadanía, democratizar internamente los partidos y reducir el número excesivo de partidos que dispersa y fragmenta el voto, ¿no es un buen momento para empezar la experiencia de las primarias abiertas?

Además, parece claro que parte de nuestros problemas de representación está en el hecho de que, si bien las preferencias de los ciudadanos parecen mínimamente consistentes (pasando por diversos matices en el centro), los partidos existentes no logran presentar una oferta de candidatos capaces de representar esas preferencias ciudadanas. Un argumento más para que las primarias abiertas funcionen como mecanismo de selección y dar los primeros pasos hacia un sistema más representativo. Para que esto sea posible hay mucho que hacer, para que tanto los ciudadanos como los potenciales partidos y candidatos entiendan y asuman de qué se trata. Urge claridad, por ejemplo, sobre qué organizaciones podrían participar: ¿solo las 12 con inscripción vigente? ¿Alguna de las 15 en proceso de inscripción? ¿Y qué opciones tendrían quienes aspiren a postular por alguno de esos partidos?

Segundo, resulta muy importante reducir el riesgo de tener nuevamente un proceso electoral con cuestionamientos, con lo que debe asegurarse que primará el derecho a elegir sobre consideraciones formales subsanables, y tener criterios de justicia electoral previsibles y transparentes.

¿Qué otras reformas serían necesarias y posibles? De las que están sobre la mesa, la más relevante y que podría gozar de consenso en el Parlamento es la vuelta a un sistema bicameral. Recordemos que la reforma constitucional sobre este asunto ya fue aprobada en primera votación en julio pasado. Considero en general positivo el proyecto aprobado, pero hay dos grandes asuntos pendientes: uno, tener claridad sobre cómo se elegirían a las cámaras de diputados y senadores. Un criterio práctico atendiendo el contexto sería que los diputados se elijan tal y como se elige hoy el Congreso unicameral, y a los senadores en distrito nacional único, tal y como funcionó en la década de los 80. Segundo, el contexto de desconfianza y de escasa legitimidad del Congreso requeriría que se hiciera explícito que los parlamentarios elegidos en el 2021 no podrían postular en el 2023-2024. Todo esto hace poco viable, en términos políticos, una reforma de esta magnitud, aunque fuera necesaria.

Repito, a mi juicio, dado el contexto de protestas, crispación, desconfianza y del escaso tiempo disponible, las reformas a implementar deberían ser muy acotadas, y solo deberían prosperar aquellas capaces de generar el mayor consenso, dentro y fuera del Parlamento. No se trata de ser creativos u originales en la lógica de las reformas, sino de construir mínimos comunes denominadores que permitan sumar. En esto la academia tiene mucho que aportar haciendo propuestas concretas capaces de generar consenso y que apunten en la dirección de buscar mayor transparencia, representatividad y estabilidad para el sistema político. Lo peor que podemos hacer es reproducir la lógica de descalificaciones y polarización ya existente en el discurso político, y presentar las posiciones de quienes no piensan como uno como “interesadas”, “ideologizadas” o propias de “camarillas”.