Desde la caída de Pedro Castillo, luego de su cantinflesco intento de golpe de Estado y posterior huida, se han generado en distintas regiones del país movilizaciones exigiendo la renuncia de Dina Boluarte a la Presidencia de la República y el cierre del Congreso para convocar de manera inmediata a elecciones generales y a la aprobación, a través de un referéndum, de una asamblea constituyente.
La elección de Pedro Castillo como presidente en el 2021 generó en la izquierda peruana una oportunidad que les había sido esquiva. Desde la dictadura militar de Velasco Alvarado, la izquierda no había podido tomar el poder. Y aunque se entusiasmaron primero con el Fujimori de los siete samuráis y luego con el Ollanta del polo rojo, el primero los cambió por Boloña y el Consenso de Washington; y el segundo demostró ser manejado por una Nadine que fue rápidamente seducida por los poderes fácticos de la extrema derecha. Para la izquierda peruana Castillo fue una oportunidad de imponer una agenda propia y, por ello, dejaron de lado sus “principios” para auparse en un gobierno que demostró no solo ser incapaz en la gestión pública, sino corrupto en extremo. La captura del poder y la desarticulación de la burocracia para repartir a destajo cuotas de poder y corrupción en los ministerios y organismos del Gobierno Central se convirtió en el ‘modus operandi’ de los 17 meses que duró en Palacio. Las organizaciones de izquierda dejaron de lado su lucha por la igualdad de género a cambio de ministerios. El silencio se volvió su moneda corriente. Y, mientras un país luchaba por salir de la crisis económica y social generada por el impacto de la pandemia del COVID-19, la izquierda buscó imponer un momento constituyente, pese a que la gran mayoría de peruanos no estaba ni por asomo interesado en este.
Sabemos bien que la asamblea constituyente que busca imponer la izquierda no buscará mejorar la calidad de las instituciones ni logrará una mejor representación. No busca tampoco reformar el desastre generado por la descentralización, que no logró acercar al ciudadano a las instancias de toma de decisiones para lograr un mayor y mejor acceso a servicios, rendición de cuentas y transparencia, sino que, por el contrario, su mayor éxito fue descentralizar la corrupción. Menos aún una reforma laboral que permita que más peruanos puedan obtener puestos de trabajo en el sector formal. El único objetivo de una asamblea constituyente es modificar el régimen económico de la Constitución de 1993. Ese régimen económico que permitió que el Perú lograra reducir la pobreza del 54% en el 2004 al 20,3% en el 2020, logrando que cerca de 9 millones de peruanos dejaran de ser pobres.
El 3 de enero el exministro de Economía Waldo Mendoza lanzó un reto a sus amigos de la izquierda: ¿qué es exactamente lo que quieren cambiar del régimen económico? Y, ¿cómo creen que estos cambios van a lograr tener un impacto en el desarrollo del país y una mejora en la calidad de vida de los peruanos? No solo no ha habido respuesta, sino que, lamentablemente, distintos movimientos de izquierda (partidos, federaciones y Sendero a través del Movadef) y distintos grupos de organizaciones informales (e ilegales) han decidido tomar carreteras, encerrar a ciudadanos, comerciantes y transportistas en sus regiones, con el enorme daño que esto ocasiona.
En Ica más del 50% de los trabajadores están imposibilitados de llegar a sus centros de trabajo, hay cientos de contenedores de productos agrícolas atrapados en la Panamericana sin poder llegar al puerto del Callao para ser exportados. En las regiones que dependen del turismo, como Cusco y Arequipa, se han cancelado las reservas de los hoteles. Los restaurantes, al igual que los mercados de artesanías, están cerrados. La violencia, el cierre de carreteras y la destrucción impiden la llegada de turistas. Sin turistas no hay clientes para los hoteles, los restaurantes, el transporte y los artesanos.
¿Quién se beneficia con la violencia y el cierre de las carreteras? Ciertamente no los ciudadanos de a pie que necesitan trabajar todos los días para poder lograr un futuro mejor para sus familias.