Radiografía regional, por Oswaldo Molina

Los promedios pueden ocultar enormes heterogeneidades. Solo analizar el desempeño de los promedios nacionales tiene el problema de no permitirnos encontrar las diferencias que existen entre las distintas regiones del país. Justamente, la reciente elección presidencial nos volvió a mostrar la desconexión que existe con lo que ocurre en provincias y la necesidad de comprender el comportamiento específico de cada zona geográfica de nuestro país. Por ello es que encuentro muy valioso el esfuerzo del Observatorio del Bicentenario de Videnza Consultores, el cual nos permite hacer un seguimiento a diversos indicadores, con un especial énfasis en la información regional.

Para mostrar cuán importante es esto, basta un ejemplo. Se viene hablando de la recuperación de la economía, pero, aun cuando la actividad económica hacia el primer semestre del 2021 ha recuperado, prácticamente, su nivel prepandémico, la mitad de las regiones todavía registra niveles de PBI por debajo de la situación previa a la pandemia y existen regiones con un particular mal desempeño, como Madre de Dios o Cusco. Algo semejante ocurre con la inflación y su impacto sobre el bienestar de la población: 20 de 25 regiones registraban una tasa de inflación interanual superior a la inflación promedio nacional a setiembre de este año.

Sin embargo, comprender las brechas regionales implica necesariamente ir más allá y analizar, por ejemplo, la calidad de los servicios públicos que recibe la mayoría de peruanos. Veamos el caso de la provisión de un servicio tan básico como el agua. Durante la última década, el acceso al agua se incrementó significativamente; en especial en el ámbito rural, que pasó de 40,5% en el 2010 a 75,6% en el 2020. No obstante, el promedio nacional, que bordea el 90%, cae significativamente a 74,9% si consideramos solo aquellos hogares que reciben agua por al menos 12 horas y a 64,3% si se considera una provisión de 24 horas. Llama la atención, además, que en 11 de 25 regiones todavía el porcentaje de hogares con acceso a agua es menor al 90% (con regiones como Loreto, en donde solo es 59%). Ahora veamos el caso del porcentaje de hogares con acceso al paquete completo de servicios básicos (agua, saneamiento, electrificación, telefonía móvil e Internet). A nivel nacional, solo un poco más de un tercio de los peruanos (34,4%) cuenta con este paquete completo. Sin embargo, la situación es aún peor a nivel regional: menos de la cuarta parte de los hogares cuentan con estos cinco servicios básicos en 16 de las 25 regiones del país.

Como pueden imaginarse, estas (y muchas otras) deficiencias en la provisión de servicios públicos de calidad tienen implicancias directas en el bienestar de los más vulnerables. Pensemos, por ejemplo, en la lucha contra la desnutrición crónica infantil (DCI). A nivel nacional, hemos tenido mejoras significativas en la reducción de la desnutrición crónica en menores de cinco años. Esta ha pasado de 23,8% en el 2009 a 12,10% en el 2020, lo que implica que la incidencia se ha reducido casi a la mitad. Sin embargo, no en todas las regiones se vive esta realidad. De hecho, 14 de 25 regiones tienen un valor de DCI superior al promedio nacional. Las regiones con los indicadores más críticos son Huancavelica (31,5%), Loreto (25,2%) y Cajamarca (24,4%), donde cerca de uno de cada cuatro niños menores de cinco años sufren DCI.

Ahora bien, ¿cuál es la respuesta del Estado frente a esta situación? A pesar de los avances, lamentablemente el Estado peruano todavía es bastante ineficiente. Solo en el 2020, se dejaron de invertir más de S/ 17.000 millones destinados a inversión pública. Si bien esta ineficiencia se observa en los tres niveles de gobierno, esta es mayor en los gobiernos regionales y locales, que ejecutaron solo el 65% y 53% de su presupuesto, respectivamente. De hecho, todos los gobiernos locales ejecutaron menos del 70% de su presupuesto en inversión pública en el 2020. Y en los gobiernos regionales, solo dos reportaron niveles de ejecución del 90% en dicho año, mientras que hubo otros con niveles de ejecución por debajo de 30%. La situación no parece haber cambiado mucho este año. A inicios de diciembre del 2021, el gobierno nacional ha ejecutado el 64,9% de su presupuesto de inversión pública, mientras que los gobiernos regionales y locales han ejecutado solo el 57,7% y 53%, respectivamente.

Como pueden apreciar, la realidad peruana es incluso mucho más compleja de lo que muestran las cifras promedio. Para avanzar, estamos obligados a contextualizar nuestros análisis y propuestas de solución a la realidad de cada región.