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El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha descubierto un método que permitirá acabar con la corrupción. Es el método olfativo. A través de un simple análisis de los olores, se puede determinar, mejor que dilatados procesos probatorios, si un contrato es corrupto.
Lo ha hecho saber en el caso de la construcción de la estación central de la línea 2 del metro de Lima. Ese contrato “está mal hecho, huele a corrupción”, ha sentenciado.
Por esta calificada percepción olfativa, el alcalde ha resuelto poner todas las trabas que pueda a la construcción de dicha estación.
La obra se ha iniciado, a pesar de no contar con autorización municipal. La ley, sin embargo, exonera esta obra (entre otras) de autorización municipal.
La Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2024 se publicó el 6 de diciembre del 2023. Excluye del requisito municipal las obras del Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (décima disposición complementaria final, inciso 1).
Esta misma ley dispone que corresponde a las entidades supervisoras y fiscalizadoras u organismos reguladores la verificación y supervisión del cumplimiento de las obligaciones legales.
¿Puede una ley facultar al Ejecutivo a dar estas autorizaciones por encima de las municipalidades? El alcalde de Lima dice que no. Él pretende establecer su opinión como si fuera un hecho.
La opinión de ningún alcalde equivale, sin embargo, a un hecho o a una resolución judicial. Si el alcalde cree que hubo corrupción en el contrato, tendría que denunciarlo ante autoridad competente. No puede sustituir a un juez.
Lo mismo sucede si López Aliaga cree que la Ley de Endeudamiento no se puede sobreponer a la Ley de Municipalidades. En ese caso, debería denunciar la inconstitucionalidad de dicha ley o plantear una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional.
El alcalde plantea una penalidad de US$500.000 cada día de demora de la obra sobre el plazo establecido. Como si los contratos no sirvieran para nada y se pudieran modificar unilateralmente.
Sabemos que el alcalde hará todo lo posible para crear dificultades a la obra. La Municipalidad Metropolitana de Lima, esta semana, ha tratado de ocultar los avisos del plan de desvíos con carteles suyos.
El Gobierno debe dar un claro mensaje a los inversionistas. Impera la ley o impera el olfato de un alcalde. Si el Gobierno quiere reactivación, tendrá que dejarlo claro.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
Federico Salazar es periodista
