Reformas sin política, por Jaime de Althaus
Reformas sin política, por Jaime de Althaus
Redacción EC

Es asombroso el contraste entre las ambiciosas reformas que quiere llevar adelante el gobierno y su aislamiento político. Apela, al final, al poder de la razón, a que los grupos políticos tendrán cabeza para reconocer la necesidad nacional de esas reformas pese a las acusaciones, resentimientos y enconos existentes y los intereses políticos particulares.

para liberar las fuerzas productivas retirándoles amarras regulatorias, es, efectivamente, revolucionario; y por eso generará resistencias en algunas bancadas, defensoras del statu quo de sus clientelas gremiales o territoriales. La misma resistencia que genera la implementación de la Ley del Servicio Civil, que producirá también una revolución cultural en el Estado si se aplica bien y con la colaboración de todos. Dos reformas que se complementan a fin de que los resultados por los que trabaje un nuevo servicio civil meritocrático no sean el número de trámites y regulaciones, sino la solución de los problemas. Se necesita apoyo político para estos cambios, que transformarán el país.

Del mismo modo que se lo necesitará para dos grandes reformas pendientes: una ley general de trabajo que fomente el empleo y la formalización y libere a los trabajadores de la condena a bajos salarios sin derechos, y la reforma de la descentralización, para contener la anarquía, la corrupción y la proliferación de las mafias.

La requiere, por ejemplo, que el Gobierno Central tenga instrumentos de monitoreo, control, sanción e intervención cuando un gobierno regional o local desobedece o incumple políticas o normas sectoriales o no es capaz de ejecutarlas. El “Estudio del proceso de descentralización en el Perú”, publicado por la , propone que el ministerio en cuestión pueda hacerse cargo temporalmente de una función que un gobierno subnacional no pueda ejecutar por falta de capacidad.

Pero habría que ir más allá: se transfirieron apuradamente casi todas las competencias y funciones del Ejecutivo a los gobiernos subnacionales; pero hay gobiernos regionales que por su pequeño tamaño no pueden ejecutar muchas de ellas, o, alternativamente, hay competencias o funciones que por su naturaleza son más eficientemente manejadas a nivel central. El estudio de la contraloría no hace un análisis de este tipo para saber a qué nivel es mejor prestar cada función o servicio, pero podemos afirmar que la autorización y supervisión de la pequeña y mediana minería, por ejemplo, o de la pesca artesanal, no deberían estar a cargo de direcciones regionales sin personal especializado y muy cercanas a la fuente de corrupción. La administración de los derechos de agua y de bosques, por citar otros casos, no se pueden dividir territorialmente. La delimitación de competencias es confusa y es fuente de problemas. El canon también debe ser reformado.

Nada de esto se podrá hacer sin un respaldo político suficiente en el Congreso, que debería estar abocado a estos temas trascendentales en lugar de permanecer atrapado en una guerra de trinchera política. El primero que tiene que pedir paz es, sin embargo, el gobierno.