Regalo envenenado

La última Navidad ha traído sorpresas políticas que parecían querer pasar desapercibidas bajo el árbol. Este año, el regalito llegó desde el Tribunal Constitucional (TC): un fallo cuya sentencia sigue sin ser publicada al cierre de esta columna, pero que podría tirarse abajo la reforma universitaria que tanto esfuerzo ha costado impulsar.

La historia tiene como protagonistas a 33 congresistas que pidieron al TC declarar inconstitucional una ley que ellos mismos habían promovido y votado. ¿Fueron los parlamentarios víctimas de una ceguera colectiva que los llevó a legislar erróneamente? ¿Por qué cuando repararon en el supuesto error no optaron sencillamente por derogar la ley, como mandaría el sentido común? Pues porque este aparente absurdo legal ha resultado ser una maniobra para destruir a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu).

Para entenderlo, debemos remontarnos a julio último, cuando el Congreso aprobó por insistencia la Ley 31520, “Ley que reestablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”. Esto, pese a que había sido observada por el Ejecutivo y que la Sunedu había interpuesto una acción de amparo que fue declarada fundada por el Poder Judicial y que suspendía la ejecución de la ley por considerarla una amenaza al derecho a la educación universitaria de calidad. Es decir, los parlamentarios promulgaron la ley, pero esta no se podía aplicar. Es ahí cuando optan por irse al TC para que declare inconstitucional su propia ley. ¿Por qué? Porque si el TC declaraba infundada la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31520, por doble negación se entendería que sí era constitucional, y entonces podría aplicarse –algo así como: no la declaramos inconstitucional; ergo, sí es constitucional–. Eso es justamente lo que ocurrió el martes último.

¿Qué propone esta cuestionada ley? Que la Sunedu incluya en su Consejo Directivo a representantes de universidades, pese a que una de sus funciones es aprobar, denegar, suspender o cancelar las licencias de las casas de estudio. Serían juez y parte, porque no pueden fiscalizarse y licenciarse a sí mismas. Ya no sería un Consejo Directivo conformado por profesionales independientes externos a las universidades elegidos por concurso público. Al incorporar a representantes de universidades en la gobernanza de la Sunedu se liquida su autonomía.

Esta ley también le quita la potestad a la Sunedu de licenciar programas específicos –como medicina, por ejemplo–, algo que ya venía haciendo en los últimos meses y que resulta imprescindible. Para muestra, un botón: en el 2022, el 50% de alumnos del último año de las facultades de medicina a nivel nacional reprobaron el ENAM (Examen Nacional de Medicina), cuyo objetivo es justamente medir los conocimientos esenciales de quienes ejercerán la medicina en el Perú.

Y, en un ataque directo a las universidades públicas, plantea que el Ministerio de Educación, como ente rector, ya no pueda transferirles recursos para su licenciamiento y mejora de calidad.

¿A quién favorece esta ley? ¿Quién puede estar en contra de que los jóvenes tengan mejor educación, mayores probabilidades y oportunidades, y que las empresas accedan a mejor capital humano? Pues aquellas universidades que no lograron el licenciamiento por carecer de condiciones mínimas de calidad. Es a ellas a las que, obviamente, les conviene debilitar al organismo regulador.

En los años 2010 y 2015, el TC se manifestó a favor de la creación de la Sunedu en el sentido de que el ente no viola la autonomía ni la institucionalidad universitarias. Cuando podamos leer la sentencia, habrá que ver cómo sustenta hoy un fallo que va en la línea opuesta. Para analizar sus alcances, los rectores de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (AUNAP) y del Consorcio de Universidades –que agrupa a la Universidad de Lima, la Universidad del Pacífico, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Peruana Cayetano Heredia– han convocado a reuniones de emergencia para esta semana.

Por su parte, el nuevo ministro de Educación, Oscar Becerra, es conocido por su vinculación con la Universidad de San Martín de Porres en épocas de Alan García, la prensa lo ha relacionado con una compra fraudulenta de laptops para las escuelas públicas y en redes sociales ha mostrado su simpatía con esta contrarreforma universitaria. Tras la noticia del fallo del TC, declaró: “Tenemos que apoyar a la Sunedu, pero no debemos apoyarla como si fuera un dogma o una revelación divina”. Son declaraciones que preocupan. Becerra debe marcar una posición clarísima frente a este atropello que, como siempre, perjudica a los más vulnerables. No puede ser que, por intereses económicos particulares, se siga estafando a miles de jóvenes e hipotecando su futuro. Intereses que, como sabemos, tienen a sus representantes trabajando para ellos en el Congreso.

Qué creativos se ponen nuestros legisladores cuando están motivados. Qué lejos llegaríamos si ese móvil fuera velar por el bien común y preservar políticas de Estado de largo aliento.