Por debajo de la mesa

El poder es la capacidad que tiene una persona para lograr lo que desea, dentro del marco legal. Y aunque en una democracia todos los ciudadanos son iguales ante la ley, esto rara vez ocurre en nuestro país, donde el acceso a las instituciones económicas, políticas y sociales es bastante desigual. En un país donde la élite está ausente y ensimismada, es muy difícil imaginar una salida a la crisis.

En el Perú, como en muchos de los países en desarrollo, las instituciones sociales, políticas y económicas son cerradas y excluyentes. Lo que nos lleva a tener ciudadanos de segunda categoría, que tienen demandas insatisfechas sin posibilidad de solución. Miles de personas que se sienten excluidas de los beneficios del sistema, sin acceso a justicia, educación y salud, sin viviendas dignas, derechos de propiedad, ni voz. Vivimos una crisis de representación política real; esto es, el acceso desigual al poder que depende no de nuestra condición de ciudadanos, sino de la posibilidad de capturar el poder. En el Perú, donde todo se compra y todo se vende, el acceso al poder está también a la venta.

¿Cómo logramos atraer a los mejores a la cosa pública? Necesitamos mejorar la calidad de las personas que entran en política. Y aquí debemos señalar la importancia de profesionalizar la clase política. Pero, cómo lograrlo, si hoy un político es, en el imaginario popular, alguien que no tiene mayor oficio que el de defender intereses personales a costa del bien común.

El financiamiento de los partidos es, además, un problema mayor. Formar un partido, organizar bases, capacitar a sus miembros y prepararlos para representar a los ciudadanos, acercarse a la gente y hacer campaña demanda grandes presupuestos. Y aunque existe presupuesto público, este no es suficiente. Por eso, la ley permite el financiamiento privado: transparente y bancarizado. Pero la realidad es que la mayoría de quienes financian no quieren hacerlo públicamente. Por varias razones. Primero, porque la mayoría financia a más de un partido con la esperanza de tener cercanía al poder si son elegidos. Temen que, de hacerse pública esta apuesta –por varios–, les juegue en contra. O, peor, que aquel por el que no apostaron llegue a Palacio y entonces haya represalias. La realidad es que los empresarios –y sus empresas– financian partidos y candidatos, solo que una parte importante lo hace por debajo de la mesa. Basta con recordar los tan conocidos maletines que circulan desde las más encumbradas y excluyentes urbanizaciones hasta las más populosas, como la del pasaje Sarratea.

La compra de voluntades, la captura de rentas y la corrupción prosperan en la oscuridad. Y es precisamente ahí donde hay que poner luz si queremos fortalecer las instituciones y mejorar la clase política. La presunción impuesta en el país por jueces y fiscales según la cual los partidos políticos son organizaciones criminales y sus financistas delincuentes ha generado un incentivo perverso. Como si la Constitución no garantizase la presunción de inocencia, y esta no fuese uno de los pilares fundamentales de un Estado de derecho. Desde la campaña presidencial del 2006, la fiscalía viene investigando a quienes han financiado partidos (con especial encono con algunos partidos) de manera transparente. Las citaciones no solo duran largas horas, sino que además se repiten cinco, seis y siete veces, con la intención de lograr que el financista se contradiga. En las últimas semanas, la fiscalía ha citado a quienes en la segunda vuelta del 2021 revisaron las actas de la ONPE cuando surgió la sospecha de irregularidades. Pero nada se hace contra los millones de las economías ilegales que entran a los partidos.

Los ciudadanos tenemos derecho a participar en política. Lo establece así la Constitución. Tenemos, también, derecho a la libertad de pensamiento, opinión y asociación. Con lo cual somos libres de militar y financiar el partido de nuestra preferencia. Perseguir a través del Ministerio Público y el Poder Judicial a quienes quieren participar en política de manera transparente solo aleja aún más a los ciudadanos de la política. El Perú tiene muchas y muy urgentes necesidades, pero, si no mejoramos la representación política, no lograremos resolver ninguno de los otros problemas.