Rescatando al soldado Segura, por Roberto Abusada Salah

El fenómeno de la desaceleración del crecimiento de la economía en el 2014 no fue un hecho sin consecuencias para el presente. Se trata de algo parecido a un desastre natural cuyas huellas perduran en el tiempo y requieren ser prontamente borradas para que el país pueda levantarse y mirar al futuro con optimismo.

Que el año pasado hayamos crecido al menos 2 puntos porcentuales por debajo de lo que debimos haberlo hecho tuvo funestas consecuencias que se viven hoy: las personas tienen menos ingresos y el Estado recaudó menos impuestos; los empleos que no se crearon frustraron las esperanzas de más de 100 mil personas. La cautela y la incertidumbre que se apoderaron de empresarios grandes y pequeños nos afectan hoy. En los mercados internacionales el Perú perdió su título de estrella sudamericana y eso seguirá lastrando el crecimiento. El daño también irradia hacia la esfera política en que muchos tratan de aprovechar el enfriamiento económico para ganar votos y ventajas particulares en medio del río revuelto del pesimismo ciudadano.

Afortunadamente la envidiable solvencia macroeconómica con que cuenta el Perú permite al Estado adoptar medidas para sostener el crecimiento, medidas que serían impensables en países cuyo crecimiento será negativo como Argentina, Venezuela o Brasil y que, a diferencia del Perú, se encuentran endeudados con reservas declinantes e inflaciones al alza. 

En el decenio que terminó en el 2013, el crecimiento del Perú se basó fundamentalmente en un fuerte desarrollo de la inversión privada, que aumentó a una tasa promedio anual de 13,7% y en exportaciones que aumentaron al 5,6% por año. En el 2014, esas fuentes de crecimiento se secaron por completo. Tanto el Ministerio de Economía como el Banco Central esperaban que la inversión privada y las exportaciones crecerían a tasas del 6%, pero cayeron. La sorpresa mayúscula fue el desplome de la inversión pública. Mientras se proyectaba que esta aumentaría en más de 15%, terminó cayendo con gobiernos regionales y locales paralizados debido al descubrimiento de casos de corrupción generalizada.

Para evitar un desastre perdurable, este debe ser un año de emergencia nacional en cuanto a la preservación del crecimiento y la confianza en el mediano plazo. En esta oportunidad se sabe que el crecimiento en la inversión privada será cero en el mejor de los casos y que las exportaciones tendrán solo un crecimiento moderado. Solo quedan el consumo privado y el gasto público como posibles soportes del crecimiento. El consumo privado, que el año pasado creció 4,3%, puede seguir soportando el crecimiento si esta administración se mueve con un mínimo de diligencia, mientras que la actuación del gobierno para que la inversión pública contribuya de manera decisiva dependerá de la destreza con que se ejecuten inversiones para que estas aumenten de manera muy importante. El crecimiento del gasto en inversión no tiene restricciones de financiamiento. ¡El tesoro tiene guardados más de US$30.000 millones! El problema es de ejecución y el dejar de prestar atención a una regla fiscal basada en un “déficit estructural” a todas luces mal calculado. 

En el tema de la ejecución, el gobierno no puede esperar hasta agosto para recién darse cuenta de que los gobiernos regionales y locales simplemente no podrán ejecutar sus inversiones y que, por consiguiente, la inversión pública no aumentará 12% como proyectó el Banco Central de Reserva a principios de enero. El Gobierno Central debe acudir masivamente a asegurar la ejecución de inversiones fuera de Lima. Si esto requiere ley del Congreso y no consigue aprobación, pues deberá recurrir a decretos de urgencia.

Una manera muy productiva de gastar es volcar recursos masivamente hacia la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura: caminos, carreteras, servicios de saneamiento, etc.

Por otro lado, si ya se tiene cuantificado el descomunal déficit en infraestructura educativa (unos US$20.000 millones), deben iniciarse los procesos para las asociaciones público-privadas (APP) por US$10.000 millones o más. Estos procesos de gastos no recurrentes pueden tardar 18 meses o más en su preparación, pero su solo lanzamiento puede ayudar a darle un vuelco a la alicaída confianza empresarial. Finalmente se puede agregar unos S/.6.000 millones al bolsillo de los consumidores eliminando las sobretasas agrícolas e impidiendo que Petro-Perú siga engordando con el 9% de exceso que hoy cobra por las gasolinas y el 18% en el caso del GLP.