Rumbo a Ciudad Gótica, por Alfredo Torres

Cuando en abril del 2011 Ollanta Humala ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la interpretación predominante entre políticos y analistas fue que el 32% que había votado por él lo había hecho por sus ideas nacionalistas y de “izquierda”. Las encuestas, sin embargo, decían otra cosa: entre las razones del voto por el comandante EP (r) Humala, el 38% de sus electores declaraba que era porque “pondría orden / mano dura” mientras que solo el 24% decía que lo hacía “para que cambie el modelo económico”. La respuesta era coherente con la percepción de los tres principales problemas del país de entonces: la delincuencia (47%) y la corrupción (38%) prevalecían sobre problemas económicos como el desempleo (36%) o el costo de vida (27%). 

Humala lo entendió así y uno de sus primeros actos de gobierno fue convocar al Consejo de Seguridad Ciudadana. Lamentablemente, solo asistió a dos sesiones y pronto se hizo evidente que no tenía ni el liderazgo ni la estrategia necesarios para poner orden en el país. Casi cuatro años y siete ministros del Interior después, la situación se ha agravado: las principales razones de desaprobación a su gestión son la corrupción y la delincuencia, y la preocupación ciudadana al respecto es mayor. Ahora, en la tradicional pregunta de Ipsos sobre los tres principales problemas del país, se ha ampliado la brecha entre la delincuencia (63%) y la corrupción (52%) sobre el desempleo (23%) y el costo de vida (13%).

La reciente publicación del Barómetro de las Américas, LAPOP –un estudio en 25 países que en el Perú realiza el IEP con Ipsos– pone en perspectiva los resultados nacionales. Para empezar, confirma que no es un tema de percepción sino de realidad: el Perú ocupa el primer lugar en la tasa de victimización por delincuencia en la región. El 31% de los peruanos ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses. A su vez, el 26% ha sido víctima de la corrupción. En ambos casos, muy por encima de los promedios regionales, que son 17% y 19%, respectivamente.

En segundo lugar, las cifras nos advierten que la situación podría empeorar porque todavía la mayor parte de los delitos en el Perú son robos sin arma. En otros países, la violencia es mayor. Por ejemplo, el 15% de los peruanos reporta haber sabido de un asesinato en su vecindario en los últimos 12 meses, muy por debajo de Brasil (51%) o Venezuela (43%). En este campo, los datos de la encuesta están en línea con los indicadores oficiales de homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes. La cifra en el Perú es de 9,6, lejos de la deteriorada Venezuela, donde es de 53,7. Los peruanos matamos menos, pero con el incremento del narcotráfico y el sicariato esta situación está cambiando para peor.

Por último, el Barómetro confirma la grave desconfianza que sienten los peruanos hacia sus instituciones. El caso más grave es la confianza en el sistema judicial, en que ocupamos el último lugar en la región con 34%. La confianza también es reducida en la policía (39%), lejos de Chile (64%), pero también de Ecuador (59%) y Colombia (49%). El contraste es significativo. No hay ninguna razón estructural para que nuestros vecinos andinos tengan una policía confiable y nosotros no.

La historia demuestra que cuando los individuos se sienten inseguros son más propensos a apoyar líderes autoritarios, restricciones de la libertad e incluso abusos contra los derechos humanos. Además, cuando el Estado es corroído por su ineptitud para combatir el crimen y por la corrupción, la población tiende a tomar la justicia por sus propias manos y se socava la confianza interpersonal. A su vez, propuestas simplistas como el ingreso de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen reciben un apoyo generalizado y la democracia corre peligro. 

En el 2011, Humala logró encarnar la demanda por mano dura. Para el 2016, ante el avance del crimen organizado, esa expectativa se ha incrementado. Resulta fundamental que los candidatos democráticos presenten estrategias convincentes para enfrentar con éxito a ese monstruo de dos cabezas conformado por la criminalidad y la corrupción. Además, es indispensable que protejan a sus organizaciones de la infiltración del narcotráfico. Si no logran encarnar el liderazgo que el electorado reclama contra el delito, no se sorprendan si se cuela en la segunda vuelta un ‘outsider’ autoritario y populista que ofrezca mano dura, pero que, como en las películas de Ciudad Gótica, venga financiado por el crimen organizado.