Jaime de Althaus

Desde los 80, el Estado y la sociedad peruana no enfrentaban un ataque tan tenaz, que amenaza la propia continuidad democrática. Y el agente principal es el mismo: . Claro, su estrategia ya no es la lucha armada y la matanza de quienes se le opongan, sino, como lo dispuso el “Plan de Construcción del Partido” del 2008, la infiltración en organismos y sectores obreros, femeninos, culturales y estudiantiles mediante la creación del y de organismos generados.

El Movadef es hoy el partido de más fuerte y organizado en el país. Según la información del operativo Olimpo, al 2021 contaba con más de 20 organismos generados y 68 comités, la mayor parte en la sierra sur, precisamente, pero también en Ica, Lima, Áncash y Lambayeque.

El Sendero de hoy es menos letal en lo inmediato, pero más peligroso porque, en lugar de matar a campesinos y autoridades locales, hace política potenciando la posverdad del derrocamiento de Pedro Castillo y el agravio de los muertos. Ahonda el caos para levantar la bandera de la asamblea constituyente como solución mítica al desorden. Sin embargo, reproduce algunos elementos de los 80: sus líderes son clandestinos, infiltrados e impone regímenes de guerra.

Por ejemplo, en Puno, la región donde el Movadef tenía más comités –doce– en el 2021, el centro comercial Real Plaza de Juliaca permanece cerrado hace semanas. Mercados como Túpac Amaru, San José y otros están también totalmente clausurados bajo amenaza de incendio si es que abren. Los mercados de productos alimenticios sí abren, pero solo de 6 a 8 de la mañana, porque a esa hora llegan los piquetes a obligarlos a cerrar. Hay productos, pero más caros. El gas está a S/70.

Al estilo de Sendero, los dirigentes del Movadef no aparecen. Están camuflados, en la sombra. No hay partidos políticos de centro o derecha. No hay líderes que desafíen la micro dictadura impuesta. Hay solo un discurso, que nadie se atreve a discutir. El Sutep y algunas organizaciones respaldan estas medidas, pero los comerciantes y otros son obligados bajo amenaza. El arma ya no es la dinamita, sino la gasolina, que se riega en los locales para prenderles fuego. Eso hicieron con la entrada del Plaza Vea de Juliaca, para luego saquearla. También con la casa del congresista Jorge Luis Flores Ancachi, de Acción Popular, en Ilave, rociada de gasolina e incendiada, y con la comisaría de Macusani, en Carabaya.

Los bloqueos son criminales. Algunos devenidos en peajes mafiosos. Allí donde está Sendero son menos venales. Ahora quieren cortar el abastecimiento de Lima, como ha declarado el Movadef Che Bernaola, cortando la carretera central.

Nada de esto es democrático. Ni por los métodos, ni por las mentiras, ni por los fines que se buscan, pues ya sabemos para qué sirven las asambleas constituyentes en el mundo bolivariano. Es increíble cómo las izquierdas, desde Juntos por el Perú hasta Perú Libre, pasando por la CGTP y el Sutep, se han sumado como furgón de cola a esta ofensiva insurreccional. Denotan así su verdadera entraña antidemocrática. Recordemos que la CGTP, por ejemplo, jamás acepta discutir en el Consejo Nacional de Trabajo ninguna reforma que abra la formalidad a los informales.

La respuesta del Estado –Ejecutivo, Congreso y sistema judicial– y la sociedad civil a este ataque al país no está a la altura de la amenaza. Se requiere una campaña política y comunicacional que dispute las posverdades y explique los hechos, que cuente cómo funcionan esas micro dictaduras y cómo afectan el empleo, los ingresos y el consumo de la población, para generar resistencia interna. Debe crearse una jurisdicción nacional para acusar y juzgar a los responsables, porque en las localidades los fiscales están aterrorizados. Es hora de tomar esto en serio y organizarse.

Jaime de Althaus es analista político

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