La crisis, la economía digital y sus posibilidades

El Instituto Peruano de Economía (IPE) recortó su proyección de crecimiento para el 2023 de 0,8% a -0,3%, uno de los peores registros del último cuarto de siglo sin contar el 2020 de pandemia, y de 2,3% a 2,1% para el 2024. Se vienen tiempos complicados para los bolsillos peruanos. En ese contexto, navegando por la página del Parlamento se puede ubicar un proyecto de Ley de Economía Digital promovido por el congresista de Acción Popular, Jorge Luis Flores Ancachi, que en su exposición de motivos señala que “no es solo una respuesta a los desafíos actuales, sino una visión de futuro para un Perú más conectado, inclusivo y competitivo”.

Una motivación descrita de manera tan ambiciosa no solo transmite buenos deseos, sino también curiosidad. Pero al leer el texto rápidamente la buena onda se diluye, pues la propuesta de Flores Ancachi es más una lista de lugares comunes y mucho pensamiento ilusorio. O sea, puro ‘wishful thinking’.

Además, es un texto que repite mucho de lo que ya está contenido en otros marcos normativos vigentes, como la Ley 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha, que establece con mucha precisión varios de los buenos propósitos que ofrece el proyecto del mencionado parlamentario.

La propuesta también repite lo que la literatura especializada suele decir del uso de la digitalización en tanto disparador de mejora de la productividad. El BID ya ha indicado que un aumento promedio del 10% en la penetración de banda ancha en los países de América Latina y el Caribe (ALC) provoca un alza del 3,19% del PBI y del 2,61% de la productividad, a la par que genera más de 67.000 empleos directos (García-Zaballos y López-Rivas, 2012).

En otras palabras, ya se sabe que la digitalización de los procesos productivos es un gran catalizador de crecimiento. Sin embargo, más actualmente la literatura especializada sugiere que países en vías de desarrollo como el Perú y con crecimiento cada vez más marginal tienen que hacer un ejercicio de priorización entre los tres elementos críticos que facilitan la aparición de la llamada economía digital: infraestructura, talento digital y los bienes y servicios a transar (el negocio digital).

¿Cuál de los tres elementos tiene que priorizarse en el Perú? Esta es la respuesta que en buena cuenta habría tenido que responder la iniciativa legislativa de marras. Pero no lo ha hecho. Cierto es, también, que esta labor de priorización tendría que seguir un proceso de definición más amplio y convocante, pero eso tampoco se vislumbra en el texto citado.

A riesgo de pasar por alto esos mecanismos de consulta sugeridos, y en base a lo que vienen haciendo bien desde hace mucho tiempo países con crecimientos antaño similares a los del Perú –como la India y Costa Rica–, yo sugeriría una fórmula en la que se priorice, sobre todo, una ampliación de la conectividad de banda ancha urgente y un agresivo incremento de más servicios digitales básicos.

No en vano la más reciente y exitosa experiencia de adopción digital en el país ha sido posible gracias a que existen bolsones de población con un buen fundamento de habilidades digitales base y una buena cobertura de acceso a Internet rápido. El ‘boom’ de las billeteras digitales ha sido posible por esto. Las regiones con mayor acceso a Internet móvil –Moquegua, Tacna y Arequipa– han mostrado un incremento en el uso de billeteras que duplica su uso en regiones con menor acceso a Internet.

Los próximos años serán duros para los bolsillos de todos los peruanos, por lo que la promesa de la economía digital podría coadyuvar a mejorar el escenario sombrío si nos enfocamos en una estrategia más precisa de impulso a la economía digital y en base a la regulación ya existente que está esperando ser concretada en más oferta de contenidos locales y más usuarios digitales.