En la prolongación del equilibrio frágil en el que parece haberse instalado el Gobierno tienen mucho que ver la indulgencia y la pasividad frente a comportamientos que, en otros momentos, han resultado intolerables: situaciones nuevas o extensas, que dotan a la gestión de Castillo de cierta inmunidad. “Acompañamiento crítico”, le llaman a un lado; “interés por la gobernabilidad”, al otro.
En el primer caso, pueden distinguirse al menos dos aspectos sobre los que antiguos y encendidos defensores de principios hoy parecen resignados guardianes de precarios avances que –lamentablemente– en muchos casos tienen más de burocracia (una ley, un reglamento) que de realidad (su cumplimiento).
El primero tiene que ver con uno de los mayores males sociales que el país arrastra: la violencia contra la mujer y su posición de desventaja. El rol de la ministra Diana Miloslavich parece incoherente con la naturaleza numérica del Gabinete y también con el perfil de sus integrantes, que arrastran serias denuncias por violencia contra la mujer, como bien lo hiciera notar Jaime Chincha en una dura entrevista (RPP, 17/2/2022).
La misma Miloslavich –una experimentada activista– le contó a Chincha que aceptó el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como una apuesta para evitar que este se convierta en el ministerio de la familia en un momento en el que la embestida conservadora podría hacer peligrar algunos avances. Pero la inmolación resulta inútil si no se plantean acciones firmes sobre la permanencia de algunos de sus colegas o colaboradores con acusaciones similares.
Otro de los componentes de la nueva normalidad tiene que ver con la relación que estableció el mandatario con la prensa. En el episodio más reciente, Castillo se negó a responder preguntas de periodistas que acudieron a una actividad oficial. “Esta prensa en un chiste”, dijo. Luego, pasó a tratar de dictar el tema sobre el que debían versar las interrogantes.
El martes 22, Enrique Chávez apareció en la televisión estatal por última vez. Chávez, que desde “Cara a Cara” había mostrado amplia pluralidad en sus siete años en el puesto, le contó a El Comercio que se le había pedido no emitir la nota sobre la polémica declaración de Castillo (22/2/2022), una indicación a todas luces reñida con el interés periodístico.
El desdén del primer mandatario hacia los medios de comunicación, que como sugiere Gonzalo Banda (El Comercio, 23/2/2022) bien podría ser parte de una estrategia para encontrar nuevos enemigos, tiene una inevitable resonancia en el grupo de intolerantes que suelen acosar a periodistas, como lo experimentó recientemente el propio Chincha.
La tercera tregua corresponde a un sector de la oposición. Tiene que ver con ese súbito interés por la manoseada gobernabilidad, que se traduce en el incoherente cese de hostilidades entre el Ejecutivo y el Legislativo. Si hace algunos días se pasó por agua tibia al encargado del sector Salud, hoy parece querer hacerse lo propio con la mayoría de ministros que arrastran distintos cuestionamientos.
Pero, como bien anotó Fernando Vivas en estas páginas (23/2/2022), cualquier pacto lejos de una clara y contundente agenda anticorrupción está destinado al fracaso si la impaciencia ciudadana se traduce en intranquilidad social. Ese momento aún parece lejano, pero no debe descartarse que pueda activarse pronto. Si se ven las características (la eficacia, sobre todo percibida) y el perfil de la acción colectiva (el activismo juvenil y sus herramientas), como sugiere Hernán Chaparro (“La República”, 22/2/2022), los antecedentes deberían hacer resonar a noviembre del 2020, cuando un pacto político fue revertido por la protesta social.
Cuando son concebidas con alguna motivación legítima de fondo, las treguas pueden resultar positivas. Pero si se sustentan en incoherencia, permisividad o cálculo coyuntural suelen tener un triste desenlace: para sus protagonistas y para los espectadores.
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