Una coalición de la sociedad civil

En el Perú tenemos un vacío de liderazgo pasmoso. En la política es notorio. No hay manera de que los líderes se pongan de acuerdo en una salida al entrampamiento vigente. Ni siquiera sobre la Mesa Directiva del Congreso. Tampoco vemos alternativas claras a futuro. Y constatamos enormes dificultades para aprobar reformas de fondo. Pero algo parecido ocurre en la sociedad civil. El empresariado, la academia, casi no se pronuncian. No hay guía ni faro.

Algunas pocas señales positivas, sin embargo, empiezan a manifestarse. Hace unas semanas, todo el empresariado, grande, mediano y pequeño, se presentó unificado en Gamarra, en el lanzamiento de Empresarios Unidos por el Perú, rechazando la arremetida gubernamental por la asamblea constituyente y exigiendo reglas de juego que permitan el crecimiento económico. Esa iniciativa debería consolidarse y pasar de una reacción defensiva a una ofensiva propositiva y no solo en los temas sectoriales, sino en los grandes temas.

Por ejemplo, durante meses, se le ha reclamado a este Congreso que se aboque a reformas de fondo y, en el momento en que decide hacerlo, las bancadas de izquierda boicotean el esfuerzo con el argumento de que una reforma como la de la bicameralidad tendría que aprobarse mediante una asamblea constituyente. Una falacia completa porque la Constitución establece la manera de reformarse en su artículo 206.

Es un pretexto para seguir ondeando una bandera que el propio Ejecutivo parece haber dejado de lado, al costo de no avanzar en los cambios que nuestra democracia requiere para volverse viable y sostenible. Ante esa actitud destructiva, sería vital que el empresariado y la academia se pronunciasen exigiendo al Congreso la aprobación, para comenzar, de la bicameralidad.

Ello es indispensable para que el próximo gobierno pueda emprender la tarea de la reconstrucción del Estado y la economía sin que se repitan los mismos males, el mismo desgobierno, el mismo populismo, el mismo desvarío, la misma degradación institucional y económica. Un Senado ayuda a tener leyes más meditadas, más responsables. A tener reglas de juego mejores y más estables.

Los primeros interesados deberían de ser los empresarios. El flamante presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Jesús Salazar, tuvo algunas propuestas interesantes en su discurso de asunción: el inicio del diseño de “Alimenta Perú”, un programa de apoyo a las ollas comunes; la creación de una autoridad autónoma apolítica encargada de la ejecución de toda la obra pública, ante las más de 2.500 obras paralizadas; un programa de industrialización por macrorregiones y una propuesta de reforma tributaria para formalizar las mypes. En esto último, debería ir más allá: organizar a los gremios de mypes para que estos eleven al Ejecutivo y al Congreso una propuesta de reforma laboral, tributaria y financiera que nazca de abajo y sea defendida por dichos gremios. Sin movilización no habrá forma.

Varios gremios están gestionando, junto con la OIT, que el nuevo código de trabajo se discuta a fondo en el Consejo Nacional de Trabajo, aunque quizá sea iluso pensar que la CGTP se vaya a sentar varios meses a discutir y acordar lo que debería ser un nuevo pacto laboral que simplifique la formalidad para incluir a los informales, a fin de resolver esa gran injusticia estructural que es la altísima informalidad que tenemos.

El país está siendo atacado por fuerzas desintegradoras cada vez más poderosas: el narcotráfico, el crimen organizado de diversos tipos, la corrupción galopante a todo nivel, las mafias omnipresentes, la acción divisiva y azuzadora de Perú Libre y otros contra las minas. Se necesita un movimiento estructurador, que contenga y revierta el avance de esas fuerzas desintegradoras. Una coalición de la sociedad civil que demande reformas políticas y económicas que ayuden a construir un orden legal inclusivo y liberador de las fuerzas productivas.