Federico Salazar

El presidente es investigado por el Ministerio Público. En la cita del 4 de agosto, decidió guardar silencio. Se trataba del caso de ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Está citado también para el martes 9, por el caso de la compra de biodiesel por Petro-Perú. Su defensa ha anunciado que también guardará silencio.

El presidente ha ejercido un derecho, pero ha incumplido un deber político. Es el deber de gobernar con transparencia.

Las personas que se saben inocentes de alguna imputación suelen ser las más interesadas en hablar. Hablar permite dar otra versión de los hechos, revelar información obliterada, llegar a la verdad de las cosas.

Quien representa a la nación debe hacerlo con apego a las leyes y la Constitución. Eso supone gobernar sin esconder las manos.

Según el abogado del presidente, guardar silencio ahora, pero no después, no constituye obstrucción a la justicia. La calificación de un acto no puede depender, sin embargo, de un futuro que, por definición, es incierto.

Lo que es claro, ahora, es que el presidente no contribuye con la justicia. No contribuye con ella y, además, no cumple con el electorado. No quiere, ahora, esclarecer las imputaciones.

La exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrió y suspendió las investigaciones fiscales sobre el mandatario. Uno de sus argumentos fue que, históricamente, no se había investigado a ningún presidente durante su mandato, al menos desde el 2001.

Efectivamente, ni Alejandro Toledo, ni Ollanta Humala, ni Alan García, ni Pedro Pablo Kuczynski fueron investigados durante su mandato. Contra lo que dijo Zoraida Ávalos, esta es la mejor razón para investigar durante el mandato.

El presidente Castillo fue requerido como testigo, en el caso de los ascensos, en diciembre del 2021. Entonces todo era promesas de transparencia.

“Se les ha dado toda la información a los fiscales, también ha dado su palabra el Sr. presidente de una apertura y una actitud de transparencia”, dijo su representante legal (“La República”, 28/12/21).

Después, en mayo de este año, se le incluyó a Castillo como investigado. Su abogado buscó una “tutela de derechos”. Quería anular la investigación. Declaró que era “una investigación muerta, que nunca debió abrirse”.

Castillo aseguraba, entonces, a pesar del recurso, que colaboraría con las investigaciones. Sostuvo que se presentaría a declarar cuando lo citen.

“Siempre daré la cara”, “el país necesita que se aclaren las cosas”, “vamos a seguir contribuyendo con todos los procesos de investigación”. Estas son algunas de las expresiones del propio presidente Castillo a mediados de junio de este año.

Desde diciembre cambiaron las cosas. Ha habido tres distintos fiscales de la Nación. Y se ha entregado Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio.

El 4 de agosto el presidente se presentó en la , pero no respondió al interrogatorio. No contribuyó con la investigación, no aclaró las cosas y no dio la cara ante las imputaciones.

La defensa técnica ha presentado dos nuevos recursos de tutela de derechos. El argumento ahora son las supuestas filtraciones de información de la fiscalía a la prensa.

Las filtraciones, si las hay, no constituyen razón alguna para anular la investigación sobre un delito. Menos, si el investigado es el mandatario, que está obligado justamente por recibir mandato popular.

Federico Salazar es periodista

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