El 3 de mayo último, el Poder Ejecutivo ingresó finalmente el proyecto de ley que solicita facultades para legislar en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional (PL 7752, derivado a la Comisión de Constitución, presidida por Fuerza Popular). De aprobarse, el gobierno que lidera la presidenta Dina Boluarte legislará por un plazo determinado (se han solicitado 90 días).
Hay, sin embargo, una delegación de facultades que se ha ido instalando sin trámite alguno: la posibilidad de que el Congreso imponga al Ejecutivo algunas acciones. Ello se materializa con la aprobación por insistencia de algunas leyes.
Según información del Consejo Fiscal recopilada por Apoyo Consultoría (AC), la proporción de leyes aprobadas mediante este mecanismo se ha cuadruplicado desde el 2020. Así, entre el 2001 y el 2019, este porcentaje estuvo en torno al 6%; desde la instalación del Congreso complementario, en marzo del 2020, ascendió al 24%.
El dato no es menor, a tal punto que AC considera que “el principal riesgo para las cuentas fiscales es la creciente presión desde el Congreso” (SAE, mayo 2024). Esto es aún más significativo si se considera que el Congreso, por mandato constitucional, no tiene iniciativa de gasto.
De este modo, y debido al voluntarismo congresal, la opinión de los entes técnicos (dentro y fuera del Ejecutivo) se ha convertido en meramente referencial. En consecuencia, la capacidad de contención de estos últimos ha sido ampliamente rebasada.
Si al cargamontón congresal se suma un Ejecutivo renuente a la crítica, la situación se hace aún más complicada. De hecho, la remoción de Carlos Oliva del Consejo Fiscal va en esta misma línea, aunque el candado institucional augura una pronta corrección.
Además, el deterioro de los partidos y su proyección en la escena congresal juega un rol relevante en este patrón, ya que son pocas las bancadas que cuentan con algún soporte técnico que les haga dimensionar el impacto de sus decisiones.
Incluso en los casos en los que se disponga de tal apoyo, muchas veces las agendas particulares de los legisladores terminan superando la probable evaluación responsable de sus planteamientos por parte de sus grupos políticos.
Así las cosas, el país asiste a lo que pareciera una delegación de facultades inversa: involuntariamente (¿o no?) el Ejecutivo ha cedido espacios a la aprobación de leyes por parte de una mayoría congresal que en muchas circunstancias y momentos actúa con irresponsabilidad y desidia.
El reciente ‘downgrade’ por parte de S&P es una primera señal de las consecuencias de este comportamiento. Es consenso que la solidez macroeconómica forjada en los últimos 30 años ha sido fruto de la disciplina y el comportamiento responsable de los tomadores de decisiones, que hoy parece un bien esquivo.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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